Biocombustibles: el Senado avanza con una ley que eleva los cortes y abre el mercado
El Senado dio un paso clave hacia una nueva regulación para los biocombustibles. Un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda emitió dictamen sobre un proyecto que eleva los cortes obligatorios y busca abrir el mercado a una mayor competencia. La iniciativa unificó siete proyectos y ahora deberá avanzar hacia el recinto de la Cámara alta.
El cambio más significativo en torno a los biocombustibles estará en los porcentajes de mezcla. El biodiésel pasará del actual 7,5% al 10% y el bioetanol del 12% al 15%, aunque ambos incrementos comenzarán a regir un año después de la sanción de la nueva ley. El objetivo planteado por sus impulsores es generar un mercado más dinámico, promover inversiones y ampliar la participación de empresas privadas.
Más bioetanol y competencia
En el caso del bioetanol, el proyecto establece una distribución específica dentro del nuevo corte del 15%. El 6% corresponderá al producto elaborado a partir de caña de azúcar y otro 6% al producido con maíz, mientras que el 3% restante quedará abierto a la competencia entre ambas materias primas.
La iniciativa también incorpora límites para evitar una excesiva concentración. Ninguna empresa podrá superar el 20% del total del bioetanol comercializado anualmente para cumplir con el corte obligatorio, mientras que dentro de los segmentos correspondientes también se establecen restricciones destinadas a evitar posiciones dominantes.
El nuevo esquema de biocombustibles representa un giro respecto de la regulación vigente, caracterizada por un mayor nivel de intervención estatal. La propuesta apunta a reemplazar ese modelo por uno con mayor espacio para acuerdos entre privados y competencia, aunque durante el debate parlamentario se incorporaron mecanismos destinados a proteger a determinados productores.
Una transición para las pymes de biodiésel
El punto más sensible de la negociación sobre biocombustibles fue el futuro de las llamadas empresas no integradas. Se trata de pymes que no pertenecen a grupos económicos que también poseen plantas de molienda de oleaginosas y producción de aceites y harinas. Para ellas, el proyecto contempla una transición que se extenderá hasta fines de 2035.
Durante la primera etapa, las empresas no integradas conservarán la totalidad del actual corte del 7,5%. Cuando el corte total pase al 10%, tendrán reservado el equivalente a 6,5 puntos porcentuales, mientras que los 3,5 puntos restantes quedarán en un segmento en el que podrán competir empresas integradas y no integradas.
La participación protegida se reducirá progresivamente. En 2029 será de 5,5 puntos, en 2030 bajará a 5 y desde 2031 quedarán reservados 3 puntos porcentuales hasta fines de 2035. A partir de 2036 finalizará el régimen de transición.
Apoyos y fuertes cuestionamientos
El dictamen generó posiciones contrapuestas entre las entidades del sector de biocombustibles. La Cámara de Bioetanol de Maíz lo calificó como un paso importante para brindar previsibilidad y generar condiciones para invertir y crecer, mientras que Ciara y Carbio destacaron especialmente la apertura a la competencia y la posibilidad de incorporar a las empresas actualmente instaladas.
La Cámara Santafesina de Energías Renovables también consideró que el texto mejoró respecto del proyecto original, aunque reclamó modificaciones. Entre ellas, pidió elevar del 3% al 6% el porcentaje reservado para las empresas no integradas e incorporar explícitamente al biodiésel de segunda generación y su doble conteo.
La mayor resistencia a esta normativa en torno a los biocombustibles llegó desde las pymes regionales. La Cepreb advirtió que la reducción progresiva de su participación podría provocar el cierre de plantas y cuestionó que no se hayan incorporado criterios de regionalidad. Su referente, Federico Martelli, sostuvo que las concesiones realizadas durante la negociación no modifican el problema de fondo y reclamó que el Senado no apruebe el texto.
El debate sobre biocombustibles, por lo tanto, llegará al recinto con dos posiciones centrales: abrir un mercado que sus impulsores consideran excesivamente regulado o preservar una participación significativa para las pymes que producen biodiésel en distintas regiones del país. La discusión sobre el nuevo régimen promete así convertirse en una de las principales batallas legislativas del sector energético y agroindustrial.
