Mercado de carbono: la SRA ve una oportunidad de US$ 4.800 millones
El mercado voluntario de créditos de carbono podría convertirse en una nueva fuente de divisas para la Argentina, en un momento en que el Congreso avanza en el análisis de distintos proyectos para establecer un marco regulatorio. La Sociedad Rural Argentina (SRA), que trabaja desde hace dos años en una propuesta junto con la Mesa Argentina de Carbono y legisladores, estima que el negocio podría representar unos US$ 4.800 millones anuales.
La discusión tuvo un nuevo capítulo la semana pasada, cuando el Senado reunió en plenario a las comisiones de Legislación General, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Presupuesto y Hacienda. Allí se analizaron tres iniciativas destinadas a regular los mercados voluntarios de carbono, entre ellas la presentada por la senadora Flavia Royón, que cuenta con el respaldo del trabajo realizado por la SRA.
Para la entidad rural, el desafío consiste en crear las condiciones jurídicas que permitan desarrollar proyectos de captura y conservación de carbono, pero con una premisa central: reconocer la propiedad privada y los derechos de los productores sobre sus tierras.
La apuesta por nuevas divisas
La SRA sostiene que el desarrollo de este mercado podría generar ingresos, inversiones y empleo en distintas regiones del país, especialmente en zonas del NEA, NOA y la Patagonia. Son territorios que cuentan con superficies potencialmente aptas para proyectos de conservación y captura de carbono.
La vicepresidenta segunda de la entidad, Eloísa Frederking, destacó los dos años de conversaciones mantenidas con legisladores y funcionarios para alcanzar un proyecto que contemple los intereses de los propietarios. Según planteó, el objetivo es que los recursos generados lleguen a quienes producen y sostienen los proyectos, y no queden concentrados en intermediarios o bajo esquemas de administración estatal.
Desde la Sociedad Rural consideran que esta actividad puede abrir oportunidades en regiones donde existen importantes recursos naturales, pero también restricciones para el desarrollo productivo. Por eso, vinculan la discusión sobre carbono con la necesidad de generar nuevas alternativas económicas para las economías regionales.
El reclamo por la Ley de Bosques
La discusión legislativa no se limita al mercado de carbono. Para la SRA, también resulta necesario revisar aspectos de la Ley de Bosques, con el argumento de que un nuevo marco permitiría desarrollar proyectos productivos, iniciativas de conservación y generación de empleo.
Ese planteo fue formulado por el director de la entidad, Andrés Costamagna, durante la reunión plenaria del Senado. La posición coincide con la expresada anteriormente por el presidente de la SRA, Nicolás Pino, quien durante la última Exposición Rural reclamó el respeto de la propiedad privada y de los derechos establecidos por la Constitución Nacional.
El planteo también fue llevado a Salta y Jujuy. Allí, Pino destacó el trabajo conjunto con el equipo de Royón para impulsar una iniciativa que permita generar oportunidades vinculadas al carbono en regiones con potencial productivo.
“Que el humo se vuelva dólares”
Tras dos años de trabajo, la Sociedad Rural considera que la propuesta alcanzó un punto decisivo. Costamagna sostuvo que el proyecto consensuado con el equipo de Royón puede permitir que Argentina se convierta en un jugador relevante del mercado internacional de créditos de carbono, siempre que avance en el Congreso.
La frase elegida por el dirigente sintetizó la expectativa de la entidad. “Cuando muchos nos decían que estábamos hablando de humo, nosotros seguimos trabajando. Estamos muy cerca de que ese humo se vuelva dólares”, afirmó.
Para la SRA, el momento exige acelerar los tiempos legislativos. La entidad considera que US$ 4.800 millones anuales constituyen una oportunidad demasiado importante para postergar, tanto por el ingreso potencial de divisas como por el impacto sobre inversiones y empleo.
El punto de fondo será definir las reglas bajo las cuales funcionará el mercado. La Sociedad Rural insiste en que los proyectos deben permanecer principalmente en manos privadas y advierte que un exceso de intervención estatal podría desalentar su desarrollo.
