Alertan que 120.000 empleos rurales quedan en riesgo por un trámite pendiente
La demora en la renovación de un régimen clave para el trabajo temporario encendió una señal de alarma en el sector rural. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) advirtió que unos 120.000 empleos rurales podrían quedar en riesgo tras el vencimiento de la norma que permite compatibilizar empleos registrados de carácter estacional con determinados programas y prestaciones sociales.
El régimen establecido por el Decreto 514/2021 venció el 1 de septiembre y, hasta el momento, no se oficializó su prórroga. Frente a esta situación, el secretario general de Uatre, José Voytenco, envió una carta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para solicitar una extensión urgente de un mecanismo que resulta central para las campañas agrícolas y las economías regionales.
Sin embargo, desde el Gobierno nacional buscaron llevar tranquilidad y aseguraron que la continuidad del esquema ya está en trámite. Fuentes oficiales indicaron que “no va a haber ninguna interrupción en el cobro de la prestación” y señalaron que el expediente correspondiente ya fue enviado al Poder Ejecutivo para avanzar con su publicación en el Boletín Oficial.
Un régimen clave para empleos rurales temporarios
El Decreto 514/2021 fue creado para resolver uno de los principales obstáculos que enfrentan los trabajadores temporarios: la posibilidad de perder beneficios sociales al acceder a empleos rurales formales durante una campaña. La norma permite compatibilizar el trabajo registrado con determinadas prestaciones, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar.
El sistema había sido prorrogado en octubre del año pasado mediante el Decreto 777/2025. En aquella oportunidad, el propio Ejecutivo reconoció que las medidas habían contribuido a la inclusión laboral, a la mejora de los ingresos y a mejores condiciones de vida para los trabajadores rurales y sus familias.
Además, la normativa destacaba que distintos sectores de las economías regionales, asociaciones de productores y organizaciones sindicales habían planteado la necesidad de mantener el régimen. El objetivo era consolidar un mecanismo que permite cubrir la demanda de empleos rurales durante los períodos de mayor actividad sin obligar a los trabajadores a elegir entre la formalización laboral y la continuidad de una red de protección social.
La preocupación por 120.000 empleos rurales
El principal dato que puso Uatre sobre la mesa es que 120.000 empleos rurales estarían alcanzados por la incertidumbre generada tras el vencimiento del régimen. Detrás de esa cifra, según el gremio, se encuentran familias que dependen de la posibilidad de complementar ingresos provenientes de un empleo temporal registrado con prestaciones sociales.
La preocupación aumenta en la antesala de nuevas campañas agrícolas, cuando distintas producciones regionales incrementan su necesidad de mano de obra. Para el sindicato, la falta de una renovación inmediata puede provocar el efecto contrario al buscado por las políticas de formalización: si aceptar un trabajo registrado implica perder ingresos esenciales, muchos trabajadores podrían verse desalentados a ingresar al empleo formal.
El Gobierno asegura que no habrá interrupciones
Pese a la advertencia sindical, desde el Ejecutivo afirmaron que la situación se encuentra encaminada. Según explicaron fuentes oficiales, se trata de un régimen que se viene prorrogando año tras año y la extensión correspondiente a 2026 ya se encuentra dentro del circuito administrativo.
La promesa oficial apunta a despejar el principal temor de los trabajadores: que la demora en la publicación genere una interrupción en el cobro de las prestaciones. De acuerdo con la información brindada desde el Gobierno, la prórroga debería oficializarse en los próximos días, una vez que se complete el trámite administrativo y se publique la medida correspondiente.
Mientras tanto, Uatre insistió en que la continuidad del sistema resulta fundamental no solo para los trabajadores, sino también para los empleadores y las economías regionales. Una eventual reducción de la oferta laboral durante las campañas podría generar dificultades para cubrir empleos rurales y afectar la actividad productiva.
