La Justicia frenó la reestructuración del INTA y suspendió por seis meses los despidos
La Justicia Federal dispuso la suspensión inmediata de una resolución clave del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y ordenó que el organismo se abstenga de avanzar con diversas medidas vinculadas a su proceso de reestructuración. La decisión representa un nuevo revés para los planes de reorganización impulsados por el Gobierno nacional en organismos públicos, al menos hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La medida cautelar fue dictada por el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín. El magistrado hizo lugar a una presentación realizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) junto con otras organizaciones vinculadas al desarrollo rural, la extensión agropecuaria y la agricultura familiar.
Según la resolución judicial, la suspensión tendrá una vigencia inicial de seis meses, período durante el cual las autoridades del INTA no podrán ejecutar los cambios previstos en la Resolución 24/2026 mientras continúa la tramitación de la causa.
Qué medidas quedaron suspendidas
El fallo alcanza a un amplio conjunto de acciones contempladas en el proceso de reorganización interna del organismo. Entre ellas figuran la eliminación de funciones y dependencias, los movimientos de trabajadores entre distintas áreas y las modificaciones de estructuras administrativas y operativas.
Además, la resolución impide avanzar con pases a disponibilidad, despidos de personal técnico y administrativo y traslados de equipamiento, aspectos que habían generado preocupación tanto entre los trabajadores como en distintos sectores vinculados al agro.
Otro punto relevante es que la cautelar también bloquea cualquier iniciativa relacionada con la asignación, venta o subasta de inmuebles pertenecientes al INTA. Este aspecto había despertado inquietud en organizaciones rurales y gremiales debido al valor estratégico de muchos de los predios utilizados para investigación y experimentación.
La importancia de la extensión y la investigación
Uno de los ejes centrales del fallo está relacionado con la situación de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA) y de las agencias de extensión que dependen de ella.
En su argumentación, el juez destacó que estas estructuras cumplen tareas fundamentales en materia de investigación científica, transferencia tecnológica y asistencia técnica a productores, además de desarrollar acciones vinculadas con la agricultura familiar y el desarrollo territorial.
El magistrado consideró que estas actividades cuentan con protección normativa y forman parte de funciones estratégicas promovidas por distintas leyes nacionales. Por esa razón entendió que cualquier modificación sustancial requiere un análisis cuidadoso para evitar eventuales perjuicios sobre productores, comunidades rurales y programas de asistencia técnica.
Respaldo sindical y preocupación sectorial
Tras conocerse la decisión judicial, desde ATE celebraron el fallo y lo interpretaron como una señal favorable para quienes cuestionan los cambios impulsados en organismos públicos de ciencia y tecnología.
El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, expresó duras críticas hacia el Gobierno nacional y sostuvo que continuarán utilizando todas las herramientas legales disponibles para enfrentar las medidas que consideren perjudiciales para los trabajadores y para el funcionamiento de las instituciones públicas.
La presentación también contó con el acompañamiento de APINTA, cooperativas y organizaciones vinculadas al desarrollo rural. Estas entidades sostienen que una reducción de personal o el cierre de dependencias podría afectar la llegada de servicios técnicos a pequeños y medianos productores, especialmente en regiones donde el INTA cumple un papel clave como articulador territorial.
Un debate que seguirá en los tribunales
La resolución se suma a otro antecedente reciente del mismo juzgado, que días atrás también suspendió parcialmente medidas de reorganización en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Mientras los gremios consideran que estos fallos representan una advertencia judicial frente a los procesos de ajuste en organismos estratégicos, desde el Gobierno sostienen que las reformas buscan mejorar la eficiencia administrativa, racionalizar estructuras y reducir el gasto público.
De todos modos, el conflicto aún está lejos de resolverse. La medida cautelar no constituye una sentencia definitiva y puede ser apelada por el Estado nacional y por las autoridades del INTA. En las próximas etapas judiciales deberá analizarse la legalidad de la resolución cuestionada y determinar si las modificaciones propuestas pueden implementarse o si vulneran funciones esenciales del organismo.
