Ajuste en el INTA: ya se sumaron 420 trabajadores al plan de retiros voluntarios
A dos semanas de haberse habilitado el nuevo esquema de retiros voluntarios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), alrededor de 420 trabajadores ya aceptaron adherirse al programa impulsado por el Gobierno nacional. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de junio y forma parte del proceso de reestructuración del organismo, donde la meta oficial apunta a concretar unas 1200 desvinculaciones equivalentes al 21% de la planta total.
Dentro del organismo crece la preocupación por la posibilidad de no alcanzar esa cifra antes del cierre del programa. Según distintas fuentes vinculadas al proceso, comenzó a evaluarse un escenario alternativo que incluiría el pase de empleados a disponibilidad, mientras también aparecen temores por eventuales recortes en programas técnicos y de investigación si finalmente no se concreta el número esperado de retiros.
La discusión por la antigüedad y las compensaciones
Uno de los principales puntos de conflicto gira alrededor del cálculo de las compensaciones económicas previstas para quienes adhieran al retiro voluntario. Actualmente, según indicaron distintas fuentes, el esquema solo contempla la antigüedad acumulada en planta permanente, mientras muchos trabajadores reclaman que también se reconozcan los años desempeñados bajo contratos transitorios o PNP.
Dentro del organismo señalan que existen empleados con hasta diez años bajo esa modalidad y que, de no computarse ese período, las indemnizaciones resultan considerablemente menores. En el retiro voluntario anterior, al que adhirieron 297 trabajadores, sí se había contemplado esa antigüedad dentro del cálculo final.
No obstante, desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca aclararon que por el momento no está previsto avanzar bajo ese criterio y que la reglamentación actual no contempla reconocer los períodos trabajados como no permanentes dentro del esquema vigente.
El rol de ArgenINTA y el costo del programa
En medio de las discusiones internas, también trascendió que la Fundación ArgenINTA podría intervenir para cubrir el costo asociado a los años trabajados en planta no permanente. Según distintas fuentes, se analiza un presupuesto cercano a los $2000 millones destinado a absorber parte de esas compensaciones económicas.
ArgenINTA funciona como Unidad de Vinculación Tecnológica y administra proyectos financiados por organismos internacionales, empresas y entidades públicas. Además, trabaja en iniciativas relacionadas con desarrollo territorial y productividad, mientras mantiene un rol estratégico dentro del sistema científico y tecnológico vinculado al agro argentino.
Cómo funciona el esquema de retiros voluntarios
El plan forma parte del proceso de ajuste y reorganización impulsado por el Gobierno nacional sobre el organismo tecnológico. Hasta antes de la implementación del programa, el INTA contaba con aproximadamente 5750 trabajadores, por lo que el objetivo oficial implica reducir cerca de una quinta parte de toda la estructura de personal.
La propuesta alcanza a empleados con al menos tres años de antigüedad y contempla el pago de una gratificación extraordinaria equivalente a 1,5 veces la remuneración mensual por cada año trabajado, con distintos topes según la edad de cada agente. El pago se realizaría en una única cuota dentro de los 30 días posteriores al cese laboral.
Además, quienes adhieran al programa quedarán desvinculados formalmente del organismo desde el 15 de junio de 2026 y no podrán reingresar al sector público nacional durante cinco años. Desde el Gobierno sostienen que, si se alcanza la cifra prevista de retiros, no avanzarían nuevos recortes, aunque dentro del organismo temen una profundización del ajuste si no se llega al número esperado.
Temor por nuevos recortes y venta de tierras
Entre las alternativas que comenzaron a mencionarse dentro del INTA aparece la posibilidad de que intervenga la Agencia de Administración de Bienes del Estado para avanzar con la venta de tierras pertenecientes al organismo. La hipótesis empezó a ganar fuerza junto con versiones sobre nuevos recortes presupuestarios y reducción de programas de trabajo.
Fuentes cercanas al proceso aseguran que el Gobierno considera que los retiros voluntarios permitirían compensar parte del gasto operativo del instituto y evitar medidas adicionales. Sin embargo, la incertidumbre sobre el número final de adhesiones mantiene en alerta a trabajadores y áreas técnicas que temen una profundización de la reestructuración.
