Granja Tres Arroyos declaró un pasivo de $536.000 millones
La crisis financiera de Granja Tres Arroyos (GTA) quedó expuesta en toda su dimensión con la presentación del concurso preventivo de acreedores. La compañía avícola declaró ante la Justicia un pasivo cercano a $536.000 millones al cierre de 2025, equivalente a unos US$350 millones al tipo de cambio oficial, y reconoció además más de $126.000 millones en cheques rechazados.
Según la documentación incorporada al expediente COM 18.558/2026, Granja Tres Arroyos ingresó en cesación de pagos el 29 de enero de 2026, cuando no pudo afrontar documentos por $2.070.722.822,03. El proceso involucra a más de 4800 acreedores, cuyos créditos deberán atravesar las distintas etapas de verificación dentro del concurso.
La presentación también mostró el deterioro de la estructura patrimonial. Al 31 de diciembre de 2025, Granja Tres Arroyos registraba activos por unos $760.000 millones, frente a pasivos de aproximadamente $536.000 millones y un patrimonio neto cercano a $224.000 millones. Un año antes, los pasivos rondaban los $451.000 millones y el patrimonio neto alcanzaba $341.000 millones.
Préstamos y proveedores concentran las principales deudas
La composición del pasivo permite dimensionar dónde se concentró el problema financiero. Los préstamos y pasivos financieros sumaban unos $199.000 millones, mientras que las obligaciones con proveedores alcanzaban aproximadamente $161.000 millones. A estos compromisos se agregaban $52.000 millones por impuesto diferido, $46.000 millones en deudas laborales y previsionales y otros $32.000 millones correspondientes a obligaciones fiscales.
La evolución de los resultados también refleja el deterioro de Granja Tres Arroyos. Los resultados no asignados pasaron de un saldo positivo de $3944 millones en 2022 a valores negativos de $68.969 millones en 2023 y $37.108 millones en 2024. Para el cierre de 2025, la compañía proyectó un saldo negativo de $122.052 millones.
A esto se sumó el crecimiento de las obligaciones previsionales regularizadas mediante planes de pago. Esas deudas aumentaron desde $2299 millones a fines de 2023 hasta $10.935 millones en 2024. En ese último ejercicio, además, el auditor externo incorporó por primera vez un párrafo de énfasis sobre la situación económica y financiera de la empresa.
Inflación aviar y caída de las exportaciones
En su presentación, Granja Tres Arroyos atribuyó la crisis a una combinación de factores que afectaron tanto al mercado interno como al negocio exportador. La empresa mencionó el estancamiento del consumo doméstico, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para trasladar costos a los precios, además del ingreso de carne aviar importada.
La compañía también señaló el impacto del episodio de influenza aviar de 2023, que provocó el cierre de mercados externos, junto con la sequía de la campaña 2022/23 y el incremento de los costos de energía, logística, materias primas y mano de obra. En paralelo, las ventas externas mostraron una trayectoria descendente: pasaron de US$175,8 millones en 2022 a US$85,7 millones en 2023, se recuperaron a US$105,1 millones en 2024 y volvieron a caer a unos US$87 millones durante 2025.
Otro capítulo relevante es el de Cresta Roja. Granja Tres Arroyos indicó que en 2018 se constituyó como garante de Wade SA por las obligaciones derivadas de la adquisición de unidades productivas de esa empresa, operación cuyo precio contractual global fue de US$80 millones. Además, señaló que realizó desembolsos por más de US$25 millones para recuperar capacidad productiva y recomponer instalaciones.
Un grupo integrado y una protección judicial parcial
Granja Tres Arroyos solicitó que el concurso se tramite conjuntamente con Holding Agro Industrial SA (HAISA), Wade SA y Avex SA, bajo las normas correspondientes a agrupamientos económicos. La compañía sostuvo que las sociedades funcionan con una dirección económica común y una cadena integrada que abarca genética, incubación, alimentación, engorde, faena, industrialización, logística y comercialización.
Mientras se define la competencia judicial, el Juzgado Comercial N°21 intervino provisoriamente por la urgencia vinculada con la continuidad de la actividad. El juez Germán Páez Castañeda dispuso que los bancos no paguen determinados cheques de pago diferido emitidos antes del 9 de septiembre y con vencimiento posterior, sin que esos rechazos generen multas o inhabilitaciones sobre las cuentas.
También autorizó una cuenta corriente inembargable en el Banco Ciudad, destinada exclusivamente al pago de salarios, cargas sociales, contribuciones e impuestos, y ordenó mantener los servicios de electricidad y gas.
