CARBAP respaldó la baja de retenciones, pero exigió acelerar su eliminación definitiva
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) manifestó su apoyo a la reducción gradual de los Derechos de Exportación (DEX) anunciada por el Gobierno nacional, aunque consideró que el cronograma previsto resulta insuficiente para las necesidades del sector agropecuario. La entidad sostuvo que la baja de retenciones debe avanzar con mayor rapidez y tener como objetivo final su eliminación total.
A través de un comunicado, la organización rural valoró la decisión oficial por entender que se encuentra alineada con la estrategia económica impulsada por la administración nacional. En ese sentido, destacó las políticas orientadas a reducir la presión tributaria, promover la libertad de comercio, fortalecer la apertura económica y consolidar el equilibrio fiscal.
Las retenciones, en el centro de las críticas
Pese al respaldo general a la orientación económica del Gobierno, CARBAP volvió a cuestionar con dureza la vigencia de los Derechos de Exportación. Para la entidad, se trata de un impuesto distorsivo que afecta la competitividad del agro y limita su capacidad de expansión.
Según planteó la organización, las retenciones reducen los incentivos para producir, desalientan las inversiones y dificultan la incorporación de nuevas tecnologías, además de restar competitividad a las exportaciones argentinas frente a otros países productores.
La entidad también advirtió que el problema tributario no se limita únicamente a los impuestos nacionales. En el comunicado expresó preocupación por el incremento de tasas municipales y tributos provinciales que, según denunció, en muchos casos terminan reemplazando gravámenes eliminados por la Nación sin traducirse en mejoras concretas para los contribuyentes.
Para CARBAP, la discusión sobre la competitividad del sector debe contemplar toda la estructura impositiva. Los dirigentes rurales sostienen que la presión fiscal continúa creciendo en distintos niveles del Estado y que una verdadera reforma debería incluir una revisión profunda de los tributos provinciales y municipales.
Un reclamo por igualdad de condiciones
Otro de los planteos realizados por la entidad apunta a la situación comparativa del agro respecto de otras actividades económicas. Desde CARBAP señalaron que numerosos sectores productivos ya no están alcanzados por derechos de exportación o cuentan con mecanismos específicos de promoción e incentivos.
La organización citó como ejemplo distintos regímenes de estímulo a la inversión, entre ellos el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y consideró que el campo continúa enfrentando condiciones menos favorables para desarrollar su potencial productivo. Según la entidad, el sector agropecuario sigue soportando una carga tributaria diferencial que limita su capacidad de crecimiento y generación de riqueza.
En ese contexto, CARBAP sostuvo que el cronograma anunciado por el Gobierno no debería finalizar en 2028, sino transformarse en una hoja de ruta clara hacia la eliminación completa de las retenciones. Para los dirigentes rurales, la previsibilidad resulta un factor clave a la hora de planificar inversiones de largo plazo.
El pedido de una ley que garantice previsibilidad
Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento fue el reclamo para que la eliminación de los Derechos de Exportación quede establecida mediante una ley. La entidad considera que una norma aprobada por el Congreso brindaría seguridad jurídica y evitaría que futuras administraciones restablezcan este tipo de impuestos.
Como respaldo a su posición, CARBAP recordó que el Fondo Monetario Internacional identificó recientemente a las retenciones como uno de los tributos más distorsivos de la economía argentina. Según el organismo, este impuesto afecta negativamente la producción, las exportaciones, la inversión y la adopción de tecnología.
Un debate que vuelve a instalarse
El planteo de CARBAP reaviva una discusión histórica dentro de la política agropecuaria argentina. Mientras el Gobierno avanza con una reducción gradual de las alícuotas, las entidades rurales insisten en que la única solución de fondo es la eliminación definitiva del tributo.
Desde la organización señalaron que una mayor producción generaría beneficios que trascienden al sector agropecuario. Más inversión y más actividad económica significarían también más empleo, más exportaciones y una mayor capacidad de generación de riqueza para todo el país, argumentaron.
