Campaña de trigo: advierten que el Estado se lleva el 84% de la renta agrícola


La situación que enfrentan los productores agrícolas en relación con la próxima campaña de trigo es ambivalente y está marcada por varios factores. Por un lado, las recientes lluvias han mejorado significativamente las reservas de agua en los suelos, lo que sugiere condiciones óptimas para la siembra del cereal. Sin embargo, los desafíos económicos son significativos.

Por un lado, los costos de producción aumentaron considerablemente, mientras que los precios internacionales del trigo experimentaron una fuerte caída. Esta combinación de factores presenta un desafío para los productores, ya que reduce la rentabilidad potencial de la siembra de trigo.

En este contexto, algunos sectores del agro están presionando para que se eliminen las retenciones al trigo como una forma de estimular una mayor siembra. Esto se debe a que el trigo actualmente enfrenta una alta carga impositiva, según el último índice de participación del Estado en la renta agrícola, con el 83,9% de lo producido por cada hectárea destinado a las arcas fiscales.

Eliminar las retenciones al trigo podría ser una medida para incentivar la producción y aumentar la rentabilidad de los productores. Sin embargo, esta propuesta debe ser considerada dentro del contexto más amplio de la política agrícola y económica, considerando tanto los objetivos de desarrollo económico como las necesidades fiscales del país.

Alertas por el aumento de la presión impositiva

El aumento de la presión impositiva en el campo durante el primer trimestre del año generó preocupación en el sector agrícola, según el índice trimestral elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). Este incremento del 59% al 65% se atribuye principalmente a dos factores: el aumento de los costos y la caída de los precios.

En cuanto a los costos, se destacan los aumentos en impuestos como el Inmobiliario Rural, tasas municipales y guías, con incrementos que alcanzaron hasta el 250% en algunas provincias. Además, los costos de fletes, labores de siembra y cosecha experimentaron aumentos significativos en relación con diciembre y marzo del año pasado.

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En el caso de los insumos, se observan aumentos dispares, con subas en fitosanitarios y fertilizantes en comparación con el año pasado. La influencia del tipo de cambio en los precios de los insumos importados también contribuyó a esta situación, ya que el valor en dólares se ve inflado por el impuesto PAIS, mientras que al productor se le cotiza a un tipo de cambio oficial.

Del total de la renta del productor, el 94% corresponde a tributos nacionales, el 5% a provinciales y el resto a impuestos municipales. Esta situación refleja una alta carga impositiva que impacta en la rentabilidad y competitividad del sector agrícola, generando preocupación entre los productores.

En detalle, el índice de FADA

El índice elaborado por FADA revela que el Estado tiene una participación significativa en la renta agrícola, con un promedio del 65% en los cuatro principales cultivos. El trigo lidera esta carga impositiva con un 83,9%, seguido por la soja (68,4%), el maíz (57,3%) y el girasol (54,1%).

La caída de precios y el aumento de costos contribuyeron a esta mayor presión impositiva, a pesar de la mejora en los rendimientos después de la sequía y la apreciación en el tipo de cambio. Esta situación, junto con las actualizaciones de impuestos provinciales y municipales, genera una mayor participación del Estado en la renta agrícola.

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Especialmente preocupante es la situación del trigo, que experimentó la mayor caída en las cotizaciones. Ante la próxima campaña fina, se espera que los productores enfrenten mayores desafíos debido a los incrementos en insumos y servicios.

En cuanto a la distribución geográfica de esta presión impositiva, Entre Ríos lidera con un 65,4%, seguida de cerca por Córdoba con un 64,9%. Otras provincias como La Pampa (62,9%), Buenos Aires (61,9%), Santa Fe (61,1%) y San Luis (29,9%) también presentan altos porcentajes.

Estos cálculos tienen en cuenta diversos factores como los rendimientos, los impuestos provinciales y locales, así como la proporción de cultivos en el área sembrada de cada provincia.