Biocombustibles: las pymes piden elevar el corte al 12,5% y cuestionan el proyecto del Gobierno
La discusión por el futuro de los biocombustibles sumó una nueva propuesta al debate legislativo. La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) planteó elevar al 12,5% el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil y dividir el mercado en tres segmentos, con competencia mediante licitaciones. La iniciativa busca modificar aspectos centrales del proyecto impulsado por la senadora Patricia Bullrich y respaldado por el Gobierno de Javier Milei.
El planteo de las pymes apunta a compatibilizar una mayor participación del biodiésel en el combustible con un mercado competitivo, pero evitando que la apertura termine concentrando la actividad en las grandes aceiteras integradas. Para la entidad, el proyecto S-809/26, que establece un corte nominal del 10%, no garantiza condiciones de competencia equivalentes para las empresas independientes.
El temor a una mayor concentración
Cepreb puso el foco en el impacto que podría tener la iniciativa sobre 25 plantas pymes distribuidas en Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis. Según la cámara, esas compañías generan alrededor de 9500 puestos de trabajo, facturan cerca de US$1000 millones anuales y cuentan en conjunto con un cupo anualizado de 873.588 toneladas de biodiésel.
La entidad sostiene que comparte con el proyecto oficialista la intención de aumentar el corte y reemplazar el actual sistema de precios y cupos regulados por mecanismos competitivos. Sin embargo, cuestiona que la propuesta no contemple una segmentación regional y permita el ingreso al mercado interno de grandes compañías integradas, que producen tanto biodiésel como el aceite utilizado como materia prima.
“La propuesta de ley de Patricia Bullrich está hecha a medida de las aceiteras y contra las pymes”, afirmó Federico Martelli, director Ejecutivo de Cepreb. Para el dirigente, el objetivo debe ser construir una legislación de biocombustibles equilibrada que permita aumentar efectivamente el corte y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad de las plantas regionales.
El coprocesamiento, otro punto de conflicto
Uno de los principales cuestionamientos de las pymes está relacionado con el coprocesamiento previsto en el proyecto oficial de biocombustibles. Según la interpretación realizada por Cepreb, aunque la iniciativa establece un corte del 10%, permite que las petroleras incorporen progresivamente hasta tres puntos porcentuales de combustible renovable producido dentro de sus propias refinerías.
Para la cámara, esa posibilidad modifica el mercado efectivo disponible para las elaboradoras independientes. El espacio que quedaría para esas empresas podría reducirse hasta aproximadamente el 7%, ya que el resto sería abastecido mediante producción propia de las refinadoras.
A ese mecanismo se suma la transición prevista para las compañías no integradas. Cepreb interpreta que el artículo 38 establece una reducción progresiva de la participación asegurada para ese segmento, desde el equivalente al 5% del corte hasta el 4% y luego el 3%, para desaparecer definitivamente a fines de 2030.
La alternativa de las tres franjas
Frente a ese escenario, Cepreb propuso llevar el corte obligatorio al 12,5% y dividir el mercado de biocombustibles en tres segmentos. El primero representaría el 5% y estaría reservado para las pymes regionales, definidas como aquellas plantas ubicadas a más de 80 kilómetros del Puerto General San Martín.
Otro 2,5% correspondería a empresas no integradas localizadas en el polo de Rosario. El 5% restante quedaría como un segmento de libre mercado, abierto a la competencia de las grandes compañías integradas.
La propuesta no busca conservar el actual esquema de cupos y precios fijados por el Estado. Según explicó la cámara, los tres segmentos funcionarían mediante licitaciones, con precios determinados por ese mecanismo y competencia entre empresas de características similares.
Un acuerdo entre distintos sectores
Cepreb destacó que la propuesta del 12,5% surgió de un entendimiento entre distintos actores de la industria: Cepreb, Casfer y Carbio, entidades que representan, respectivamente, a las pymes regionales, las empresas no integradas y las grandes compañías integradas.
El porcentaje se ubica entre el 10% contemplado en el proyecto S-809/26 y el 15% reclamado por algunos sectores productivos. Para las pymes, el debate en torno a los biocombustibles no debería centrarse en impedir la competencia, sino en establecer reglas que permitan una apertura equilibrada.
