CRA llevó al Gobierno su reclamo por el funcionamiento del VISEC
La controversia por la implementación de la plataforma VISEC y las exigencias del reglamento europeo contra la deforestación sumó un nuevo capítulo en el ámbito oficial. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) trasladó sus cuestionamientos al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, durante una reunión en la que planteó la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema y evitar que el cumplimiento de los requisitos ambientales se convierta en una carga adicional para los productores.
Del encuentro participaron el presidente de la entidad, Carlos Castagnani; el vicepresidente, José Ignacio Colombatto; y el delegado de la Comisión de Medio Ambiente, Ernesto Messina. Los dirigentes expusieron su preocupación por la aplicación del Reglamento 1115 de la Unión Europea y por las condiciones que, según sostienen, se están generando alrededor de la utilización de VISEC para acreditar el cumplimiento de las exigencias de los mercados internacionales.
Uno de los principales reclamos estuvo relacionado con la posibilidad de utilizar distintas herramientas para demostrar el cumplimiento de las normas. CRA pidió que todas las plataformas reconocidas puedan operar libremente y en igualdad de condiciones, de manera que cada productor tenga la posibilidad de elegir cuál utilizar.
Costos, burocracia y presión sobre los precios
Durante la reunión, CRA volvió a aclarar que su cuestionamiento no está dirigido contra VISEC en particular. El planteo, según explicó, apunta al funcionamiento general del mecanismo y a las consecuencias que puede tener para quienes producen. En ese sentido, advirtió que la implementación actual agrega trámites, costos y exigencias burocráticas a establecimientos que ya deben cumplir con numerosas obligaciones administrativas.
La entidad también puso sobre la mesa otro aspecto que considera especialmente preocupante: el uso de la certificación ambiental como argumento comercial para aplicar descuentos sobre la producción. Según expresó, existe el riesgo de que los requisitos exigidos por los compradores internacionales terminen convirtiéndose en una herramienta para reducir el precio que reciben los productores argentinos, en lugar de reconocer el esfuerzo por cumplir con estándares de sostenibilidad.
En ese sentido, la organización insistió en que el cumplimiento de las exigencias ambientales no debe traducirse en una penalización económica para el sector. “Si se habla de premiar la producción sostenible, ese reconocimiento debe traducirse en un adicional sobre el precio de mercado y no en un descuento”, sostuvo la entidad.
La disputa con la Sociedad Rural Argentina
El reclamo ante Sturzenegger se produjo en medio de una controversia entre CRA y la Sociedad Rural Argentina (SRA), que había escalado durante los días previos. El jueves, ambas entidades protagonizaron un fuerte desencuentro después de que Andrés Costamagna, director de la SRA, realizara cuestionamientos a la postura de las Confederaciones Rurales sobre VISEC.
La discusión derivó en un reclamo formal de CRA a la Sociedad Rural para que ratifique o rectifique las declaraciones de Costamagna, que la entidad consideró irrespetuosas.
En este escenario, CRA buscó reafirmar que su planteo no implica respaldar o rechazar una plataforma específica como VISEC, sino garantizar que los productores puedan decidir cómo acreditar el cumplimiento de los requisitos. La entidad pretende que el debate se concentre en las condiciones de funcionamiento del sistema y en sus efectos concretos sobre la actividad.
El reclamo por VISEC que llegó al Gobierno
Tras el encuentro, CRA ratificó que continuará llevando la posición de los productores a los ámbitos de decisión. La entidad planteó que la adaptación a las exigencias ambientales internacionales debe avanzar sin generar nuevas trabas administrativas ni afectar el valor de la producción nacional.
El planteo en torno a VISEC también pone el foco en la relación comercial entre productores, frigoríficos y compradores, especialmente en la posibilidad de que las certificaciones se utilicen para establecer condiciones económicas desfavorables. Para CRA, la sostenibilidad no puede transformarse en un costo que termine absorbiendo exclusivamente el productor, ni en una justificación para pagar menos por la mercadería.
