El Gobierno busca ampliar el crédito y modernizar el mercado financiero
El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Competitividad Financiera, una iniciativa de 240 artículos que modifica las reglas del mercado de capitales, amplía los instrumentos de crédito y flexibiliza el régimen de garantías. La propuesta, anticipada por Javier Milei en julio, apunta a desregular la actividad financiera, promover nuevas inversiones y facilitar el acceso al financiamiento mediante herramientas tradicionales y digitales.
El proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados con las firmas del Presidente, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Alejandra Monteoliva. Entre sus fundamentos, el Ejecutivo plantea eliminar restricciones que obstaculizan las actividades económicas, fortalecer la seguridad jurídica y ampliar la competencia. El alcance incluye modificaciones sobre pagarés, cheques, tarjetas de crédito, prendas, warrants, fideicomisos, obligaciones negociables y facturas de crédito electrónicas.
Uno de los ejes principales es transformar activos que actualmente tienen posibilidades limitadas de utilización en garantías disponibles para respaldar préstamos. Para ello, incorpora activos digitales, derechos de propiedad intelectual, acciones, participaciones societarias y determinados créditos contractuales entre los bienes susceptibles de constituir prendas.
Blockchain y nuevos ámbitos de negociación
La iniciativa modifica la Ley de Mercado de Capitales para permitir que los valores negociables sean emitidos, almacenados, transferidos y comercializados mediante tecnologías de registros distribuidos, como blockchain. Estos mecanismos deberán garantizar seguridad, inmutabilidad, trazabilidad e identificación del emisor. Además, los instrumentos no estarán obligados a depositarse en una entidad central ni a negociarse exclusivamente en mercados autorizados, aunque permanecerán sujetos a la regulación de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
El proyecto crea la categoría de «Otros Ámbitos de Negociación Autorizados», que incluirá plataformas digitales, aplicaciones móviles y sistemas basados en registros distribuidos operados por Proveedores de Servicios de Activos Virtuales habilitados por la CNV. Los valores negociados en esos espacios tendrán el mismo reconocimiento legal que los operados en mercados autorizados, ampliando las alternativas para emisores e inversores.
También establece una división de competencias entre los organismos reguladores. El Banco Central conservará sus atribuciones sobre pagos, liquidaciones y compensaciones cuando intervenga dinero, mientras que la CNV tendrá competencia exclusiva sobre la emisión, el registro y la negociación de valores tokenizados.
Pagarés ajustables y garantías para acceder al financiamiento
Otra modificación relevante corresponde al régimen de letras de cambio y pagarés. La propuesta permitirá establecer montos determinables mediante cláusulas de actualización, indexación o adecuación basadas en índices públicos o unidades reconocidas. El objetivo es facilitar operaciones de mayor plazo y evitar que la exigencia de una suma fija limite su utilización.
Asimismo, estos documentos podrán establecer compromisos de entrega de bienes fungibles, como productos agrarios, minerales e insumos industriales. Para ello deberán especificar especie, cantidad, calidad, lugar y fecha de entrega, una alternativa que busca formalizar mecanismos de financiamiento en especie utilizados por distintos sectores productivos.
La reforma de la prenda con registro permitirá utilizar como respaldo activos virtuales, propiedad intelectual, participaciones societarias y derechos de crédito. También habilitará prendas flotantes sobre inventarios, fondos de comercio, ingresos futuros y saldos de cuentas bancarias o proveedores de servicios de pago.
Un registro digital y cambios para las PyMEs
Para organizar el sistema, se creará el Sistema Federal de Registro de Garantías, una red digital que integrará entidades públicas y privadas y compartirá información sobre gravámenes. El Banco Central será la autoridad de aplicación y la prioridad de cada garantía quedará determinada por el momento exacto de inscripción. Las consultas sobre gravámenes serán públicas y gratuitas.
En el caso de las pequeñas y medianas empresas, el proyecto extiende de 15 a 21 días el plazo para la aceptación tácita de la Factura de Crédito Electrónica MiPyME. Además, establece que la falta, el error o la inexistencia del remito no podrán invalidar por sí solos la vía ejecutiva de la factura. La modificación busca evitar que defectos administrativos obstaculicen el cobro de operaciones comerciales.
El paquete incorpora títulos electrónicos para créditos comerciales originados en ventas con tarjetas, habilita la negociación de certificados de plazo fijo de al menos 365 días y actualiza el régimen de warrants. También permitirá que los fondos comunes de inversión incorporen activos virtuales, según las condiciones que establezca la CNV.
