SanCor enfrenta una batalla judicial que pone en jaque la venta de sus activos
El proceso de liquidación de SanCor sumó un nuevo capítulo de incertidumbre. Tres frentes judiciales avanzan en simultáneo contra el esquema de venta aprobado por la Justicia, en una disputa que podría retrasar la transferencia de los activos de la histórica cooperativa láctea. Un consorcio de más de 1.000 acreedores, un empresario interesado en adquirir la compañía y un síndico disidente cuestionan la legalidad del procedimiento impulsado por el juez Marcelo Gelcich, mientras el futuro de las seis plantas industriales y de las marcas permanece sin definición.
El eje del conflicto es la decisión del magistrado de dividir los activos en siete lotes independientes, en lugar de ofrecer la empresa como una unidad económica. El pliego de licitación, aprobado el 11 de junio, fijó un valor mínimo de USD 52,1 millones: USD 27,4 millones para las seis plantas industriales y USD 24,7 millones para el paquete de marcas, donde la marca SanCor concentra USD 18,7 millones y el resto corresponde a submarcas como Mendicrim, Tolem y Quesabores.
Una disputa por el modelo de venta
Entre las empresas interesadas en adquirir parte o la totalidad de los activos aparecen nombres de peso dentro de la industria láctea, como Savencia, Adecoagro, Punta del Agua, Elcor y La Tarantela. Todos estos jugadores ya habían manifestado interés por SanCor durante el concurso preventivo, cuando comenzaron a explorarse alternativas para evitar la quiebra de la cooperativa.
Sin embargo, Gustavo Scaglione, propietario de Fidulac S.A. y uno de los potenciales compradores de SanCor, decidió impugnar formalmente el pliego de licitación. Su presentación sostiene que la separación entre las plantas industriales y las marcas destruye valor económico, ya que ambos activos fueron desarrollados durante décadas como una unidad productiva y comercial inseparable.
El planteo también cuestiona la aplicación de la Ley de Concursos y Quiebras. Según la presentación judicial, la normativa establece que la primera alternativa debe ser la venta de la empresa como unidad económica, mientras que la liquidación fragmentada solo puede utilizarse como una opción subsidiaria y debidamente fundamentada.
Cuestionamientos sobre tasaciones y transparencia
Otro de los puntos centrales del recurso presentado por Fidulac se relaciona con la valuación de la planta de Sunchales. El establecimiento había sido tasado originalmente en USD 3 millones, pero tras el incendio registrado el 7 de junio, la Justicia aceptó una reducción del 20% y fijó su precio en USD 2,4 millones.
La empresa sostiene que no existe un informe técnico que justifique esa rebaja, ya que entre el siniestro y la decisión judicial transcurrieron menos de 24 horas. Además, reclama que nunca se detalló qué instalaciones o equipos resultaron efectivamente dañados, por lo que considera arbitraria la disminución del valor.
A ello se suma otro cuestionamiento: los acreedores no pudieron acceder a las tasaciones oficiales que sirvieron de base para fijar los precios mínimos. Esa documentación quedó disponible únicamente en un “Data Room” cuyo acceso exige el pago de USD 10.000, el mismo importe requerido para participar de la licitación como oferente.
Denuncias internas y el reclamo de los acreedores
Mientras se desarrolla esa discusión en torno a la venta de SanCor, el expediente sumó un nuevo foco de tensión. Un integrante de la sindicatura presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Santa Fe contra el juez Gelcich, al considerar que concentró funciones en una coadministración designada directamente por el juzgado y desplazó el rol de control que la ley asigna a los síndicos.
La denuncia también menciona episodios concretos, como la desaparición de más de 24.600 kilos de queso que se encontraban bajo garantía judicial y la aplicación de sanciones disciplinarias contra síndicos que cuestionaron distintas decisiones del proceso. El denunciante solicita una investigación institucional y la revisión del funcionamiento del concurso, al entender que existieron irregularidades que comprometieron la transparencia del expediente.
En paralelo, el Estudio Jurídico Dr. Regali & Asociados, en representación de 1.066 acreedores entre tamberos, proveedores y extrabajadores, también recurrió a la Corte Suprema santafesina. El grupo pide declarar la nulidad de la quiebra de SanCor, revisar el mecanismo de venta y analizar un plan alternativo de salvataje para la cooperativa.
