La quiebra de SanCor suma denuncias y pone en duda el proceso de venta
El proceso de quiebra y venta de SanCor, una de las cooperativas lácteas más emblemáticas de la Argentina, ingresó en una nueva etapa de incertidumbre. Mientras avanzaban las gestiones para definir el destino de sus plantas industriales y activos, una serie de denuncias contra el juez a cargo de la causa amenaza con frenar o incluso suspender el procedimiento.
La controversia surgió a partir de una presentación realizada ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe por acreedores nucleados en el denominado Frente Unificado por la Defensa de SanCor. El grupo, integrado por productores, trabajadores y extrabajadores, cuestionó distintas decisiones adoptadas durante el proceso y solicitó que se investigue el accionar del magistrado Marcelo Gelcich.
Acusaciones sobre el manejo de la quiebra
La denuncia presentada por los abogados Aldo Regali y Juan Manuel Bregarlo sostiene que durante la tramitación del expediente se habrían detectado presuntas irregularidades vinculadas a la valuación de activos y la administración de bienes intangibles de la cooperativa.
Entre los cuestionamientos también figura una supuesta exclusión arbitraria de la sindicatura del expediente digital, una situación que, según los denunciantes, habría limitado las posibilidades de control sobre decisiones clave dentro del proceso concursal.
Los acreedores sostienen además que el magistrado no habría cumplido adecuadamente con las obligaciones previstas por la Ley de Concursos y Quiebras, el Código Procesal Civil y Comercial y otras normas que regulan este tipo de procedimientos.
Buscan frenar la venta de los activos
Uno de los principales objetivos de la ofensiva judicial es detener la instancia que debe definir el futuro de la empresa. Los denunciantes consideran que la licitación y eventual remate de las plantas industriales y las marcas de SanCor no deberían avanzar hasta que se esclarezcan los cuestionamientos planteados.
Para ello se interpuso una Medida Cautelar Autónoma de Prohibición de Innovar, cuyo propósito es paralizar cualquier modificación sobre los activos mientras la Justicia analiza las denuncias presentadas.
Según explicó Regali, existen fundamentos jurídicos suficientes para revisar el proceso. Desde el sector que impulsa la presentación entienden que una eventual apertura de un Jury de Enjuiciamiento contra el magistrado podría derivar en la suspensión de los plazos procesales y alterar significativamente el cronograma de la quiebra de SanCor.
La polémica por el plan de salvataje
Otro de los puntos más sensibles del conflicto está relacionado con el rechazo de una propuesta de salvataje que buscaba ofrecer una alternativa a la quiebra de SanCor. Los representantes de los acreedores afirman que el plan fue desestimado por una diferencia de apenas minutos respecto del momento en que se dictó la sentencia.
De acuerdo con la presentación judicial, el proyecto habría sido ingresado cuando todavía existían posibilidades de ser considerado, pero el juzgado resolvió clausurar esa instancia el mismo día en que decretó la quiebra.
Un síndico también cuestionó al juez
La situación se volvió aún más compleja cuando uno de los síndicos intervinientes decidió presentar una denuncia propia ante la Corte santafesina. Según trascendió, el planteo apunta a supuestas restricciones impuestas al trabajo de la sindicatura, órgano encargado de controlar distintos aspectos del proceso.
El denunciante sostiene que se habría configurado un mecanismo que limitó la independencia prevista por la legislación vigente y que algunas funciones habrían quedado en manos de una estructura de coadministración designada de manera directa.
Una empresa atravesada por una profunda crisis
La quiebra de SanCor fue solicitada por la propia cooperativa en abril de este año y aceptada pocos días después por el juzgado que llevaba adelante el concurso de acreedores. La compañía arrastraba una deuda cercana a los US$120 millones y ocho meses de salarios impagos, reflejando la gravedad de su situación financiera.
El proceso involucra a más de 2700 acreedores, entre organismos públicos, entidades financieras, proveedores y trabajadores. Entre los principales acreedores figuran la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y diversos fondos internacionales.
Mientras la Justicia analiza las nuevas denuncias, el futuro de SanCor permanece abierto. La posibilidad de que se revisen decisiones adoptadas durante la quiebra agrega incertidumbre a un expediente que definirá el destino de una de las marcas históricas de la industria láctea argentina.
