Vandalismo rural: Diputados aprobó penas de hasta diez años de prisión
La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto de ley que busca endurecer las penas por vandalismo rural e incorporar nuevas figuras al Código Penal para sancionar el ingreso no autorizado a establecimientos agropecuarios y los daños que afecten directamente la producción. La iniciativa obtuvo 162 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención, tras una extensa sesión legislativa.
Impulsado por el diputado del PRO Martín Ardohain, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, el proyecto reunió el respaldo del oficialismo, bloques aliados y representantes de las principales entidades agropecuarias. Tras las modificaciones introducidas durante el debate, que permitieron sumar el acompañamiento de algunos legisladores de Unión por la Patria, la propuesta deberá ser tratada ahora por el Senado para continuar su recorrido parlamentario.
Ingreso no autorizado: prisión de hasta dos años
Uno de los principales cambios en torno al vandalismo rural consiste en incorporar el artículo 150 bis al Código Penal, que establecería penas de un mes a un año de prisión para quienes ingresen sin autorización a un establecimiento rural contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a impedirlo. La norma considera como indicios de esa prohibición la presencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales.
El texto contempla excepciones para situaciones justificadas, como la necesidad de prestar auxilio, y para aquellos casos en los que las características del lugar no permitan distinguir claramente los límites con la vía pública. Sin embargo, la pena máxima podrá elevarse a dos años cuando el ingreso obstaculice sustancialmente la actividad productiva o genere un peligro concreto para las personas, los animales o los cultivos, siempre que no corresponda aplicar una sanción mayor por otro delito.
Durante la defensa de la iniciativa, Ardohain explicó que el objetivo no es proteger únicamente la propiedad, ya contemplada en figuras como la usurpación y el daño, sino también resguardar la libertad y la intimidad dentro de los establecimientos rurales.
Daños a la producción: multas y penas de hasta ocho años
El segundo eje sobre vandalismo rural incorpora el artículo 184 bis, que prevé penas de dos a ocho años de prisión y multas equivalentes a entre tres y doce veces el valor del daño causado. La figura alcanzaría a quienes destruyan, inutilicen, supriman o dañen bienes de un establecimiento rural cuando esas acciones afecten directamente el ciclo productivo, las existencias de materias primas o la infraestructura, siempre que el hecho no constituya un delito contra la seguridad pública.
Entre los elementos especialmente contemplados figuran los cereales sin cosechar, las silobolsas, las viñas, el ganado, la leña y otras existencias vinculadas con la producción agropecuaria. La protección también abarcaría instalaciones tecnológicas destinadas a la provisión de energía o a la extracción de agua, cuya destrucción o deterioro puede comprometer el funcionamiento de los establecimientos.
El proyecto sobre vandalismo rural establece, además, un agravamiento de las sanciones cuando el autor sea funcionario público o se dedique habitualmente a la actividad agropecuaria. En esos supuestos, la pena mínima se duplicará, una disposición que incorpora condiciones específicas para determinadas personas involucradas en los hechos.
Cuándo la condena podría llegar a diez años
La iniciativa contempla circunstancias agravantes que permitirían elevar el máximo de la pena a diez años de prisión. Entre ellas se encuentran la participación coordinada de tres o más personas, la pérdida total de la producción en curso y las acciones que impidan continuar el ciclo productivo, transportar los bienes o comercializarlos.
También se aplicaría esa escala cuando los daños por vandalismo se ejecuten mediante violencia o amenazas contra las personas, siempre que el hecho no encuadre en otro delito con una sanción más severa.
El debate continúa en el Senado
La votación en Diputados representa un avance para una iniciativa que busca establecer sanciones específicas frente a conductas de vandalismo que afectan bienes, instalaciones y procesos productivos rurales.
Con la media sanción, el texto llegará ahora al Senado, donde deberá ser analizado antes de una eventual conversión en ley. Para el sector agropecuario, la discusión se centra en reforzar la protección de los establecimientos y garantizar la continuidad de la producción frente a hechos de vandalismo.
