El Gobierno prorrogó el régimen que permite a 50.000 trabajadores rurales cobrar planes sociales
El Gobierno nacional extendió hasta el 1 de septiembre de 2027 la compatibilidad entre el empleo rural registrado temporario y determinadas prestaciones sociales, una medida que busca facilitar la contratación formal durante las campañas agrícolas sin que los trabajadores pierdan automáticamente la asistencia destinada a sus familias. Según las estimaciones oficiales, el régimen alcanza a unos 50.000 trabajadores y brinda cobertura a aproximadamente 83.000 hijos.
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1204/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y renueva por otros 12 meses un esquema creado para promover el empleo formal en las actividades agropecuarias estacionales. La prórroga llegó después del vencimiento de la extensión anterior, en medio de reclamos de entidades del sector y organizaciones sindicales por la incertidumbre que generaba la falta de continuidad.
Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) habían advertido que unos 120.000 puestos de trabajo estaban en riesgo en todo el país debido a la demora en renovar la normativa. El gremio defendió el mecanismo porque permite trabajar durante las campañas agrícolas sin perder de manera automática la red de protección social del grupo familiar.
Qué prestaciones pueden conservar los trabajadores
El régimen extiende la aplicación del Decreto 514/2021, que estableció condiciones para que los trabajadores rurales temporarios y estacionales puedan acceder a un empleo registrado y mantener determinados beneficios sociales. El objetivo es evitar que la formalización laboral se convierta en un obstáculo para quienes dependen de esa asistencia durante los períodos sin actividad.
Entre las prestaciones contempladas se encuentran las asignaciones familiares y, de acuerdo con los requisitos de cada programa, la Tarjeta Alimentar y Volver al Trabajo. La continuidad de los beneficios depende de las condiciones establecidas para cada prestación y de las modalidades de contratación incluidas en la normativa.
Otro punto central es que las asignaciones familiares correspondientes a los trabajadores alcanzados por el esquema no pueden ser inferiores al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para Protección Social, de acuerdo con las condiciones previstas en la reglamentación. Así, el mecanismo busca sostener la cobertura de los hogares durante las contrataciones temporarias.
A quiénes alcanza la prórroga
La normativa comprende a los trabajadores contratados bajo las modalidades de trabajo temporario y permanente discontinuo previstas en la Ley de Trabajo Agrario. También incluye a quienes realizan tareas agropecuarias mediante contratos de trabajo eventual y a los trabajadores rurales comprendidos en los Convenios de Corresponsabilidad Gremial.
El esquema contempla, además, beneficios para los empleadores, entre ellos una reducción de las contribuciones patronales, con el propósito de incentivar la registración laboral en actividades que concentran buena parte de su demanda de mano de obra en determinados momentos del año.
La disposición establece una condición particular para las relaciones laborales que se prolongan de manera continua por más de seis meses. En esos casos, determinados beneficios monetarios de programas sociales y de empleo, con excepción de la Tarjeta Alimentar, pueden computarse a cuenta del salario, según las reglas aplicables.
Los argumentos oficiales para mantener el esquema
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo señaló que representantes de las economías regionales, asociaciones sindicales y productores habían planteado la conveniencia de sostener la medida. Según el Gobierno, el régimen contribuyó a favorecer la inclusión laboral, mejorar los ingresos y acompañar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.
La norma había sido prorrogada en 2023 por dos años y nuevamente en 2025 por un año, desde el 1 de septiembre de ese período. Con la nueva disposición, el Gobierno extiende su vigencia hasta septiembre de 2027 y busca aportar previsibilidad a las contrataciones rurales.
Para el sector agropecuario, la continuidad del mecanismo resulta relevante en actividades con fuertes variaciones estacionales de empleo. El desafío será sostener la registración laboral y garantizar que el acceso a un puesto formal no implique perder automáticamente prestaciones sociales compatibles, especialmente en hogares que dependen de esos ingresos durante los períodos de menor actividad.
