Vandalismo Rural: el campo apoya las penas más duras para proteger su producción
Un amplio conjunto de entidades agropecuarias respaldó en el Congreso el proyecto de Vandalismo Rural, una iniciativa que busca incorporar nuevas figuras al Código Penal y endurecer las sanciones frente a delitos que afectan a establecimientos productivos. El planteo surge en un contexto de preocupación entre productores por daños, ingresos no autorizados y ataques contra infraestructura esencial para el funcionamiento de los campos.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación del delito de intrusión rural, que establecería penas de entre un mes y un año de prisión para quienes ingresen sin autorización a predios delimitados con alambrados, tranqueras o carteles de exclusión. Para las entidades, esta figura permitiría actuar antes de que se concrete un delito mayor.
Una figura para anticiparse al delito
El argumento de las organizaciones agropecuarias es que determinadas conductas pueden constituir señales de riesgo. El merodeo nocturno, la caza furtiva o el reconocimiento de instalaciones para preparar un robo son algunos de los casos mencionados durante el debate parlamentario.
La incorporación de la intrusión rural apunta justamente a que la Justicia pueda intervenir frente al ingreso no autorizado sin necesidad de esperar a que se produzca un robo o un daño. Para los productores, esta herramienta adquiere especial importancia por las características del territorio rural, donde las grandes distancias y la dispersión de los establecimientos dificultan las tareas de prevención.
La iniciativa en torno al Vandalismo Rural también contempla una figura de daño agravado, con penas de entre dos y ocho años de prisión y multas de tres a doce veces el valor del perjuicio ocasionado. Entre los bienes alcanzados aparecen sistemas de riego, paneles solares, silos y alambrados.
El daño puede costar mucho más que el objeto
Uno de los principales argumentos expuestos durante el debate sobre Vandalismo Rural es que el perjuicio provocado en un establecimiento rural no puede medirse únicamente por el precio del elemento destruido. Fundación Barbechando planteó que debe considerarse la función que cumple esa infraestructura dentro del sistema productivo.
El ejemplo más claro es una bomba de agua. Su destrucción puede comprometer el abastecimiento de un rodeo completo y provocar pérdidas muy superiores al costo de reemplazar el equipo. Durante el verano, una vaca de cría puede consumir entre 50 y 70 litros de agua por día, según el ejemplo citado por la entidad.
La misma lógica puede aplicarse a un sistema de riego, un silo bolsa, un alambrado o una instalación de generación eléctrica. La destrucción de un elemento estratégico puede paralizar una parte del proceso productivo, aunque su valor material sea relativamente bajo.
Penas mayores e instigación por redes sociales
La propuesta establece además que la pena mínima se duplique cuando el responsable del daño agravado sea un funcionario público o una persona vinculada habitualmente con la actividad agropecuaria. Para las entidades, se trata de una forma de contemplar situaciones en las que existe un vínculo particular con el ámbito productivo.
Otro capítulo sobre el Vandalismo Rural apunta a la instigación pública a cometer delitos rurales. El proyecto plantea penas de dos a seis años de prisión y contempla un agravante cuando la incitación sea difundida mediante redes sociales o medios de comunicación masiva.
Las organizaciones consideran que este punto resulta necesario frente al papel que tienen las plataformas digitales en la difusión y organización de acciones. La iniciativa busca adaptar la legislación a nuevas formas de convocatoria que pueden favorecer la concreción de hechos delictivos.
La Mesa de Enlace apoyó el proyecto de Vandalismo Rural
Durante el tratamiento del Vandalismo Rural en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, la Mesa de Enlace expresó su respaldo y puso el foco en la necesidad de garantizar igualdad de derechos entre quienes viven en zonas rurales y quienes residen en ciudades.
El proyecto sobre Vandalismo Rural continuará ahora su recorrido parlamentario. Para las organizaciones agropecuarias, proteger la infraestructura rural significa también proteger la continuidad de la producción y el desarrollo de las comunidades del interior. La apuesta es que el campo deje de ser considerado un territorio con menor cobertura y cuente con herramientas penales acordes con las consecuencias económicas y sociales que pueden generar los delitos rurales.
