Santa Fe acelera la emergencia agropecuaria por inundaciones en el norte provincial
Ante el impacto creciente de las inundaciones, la provincia de Santa Fe avanzó con rapidez en el proceso para declarar la emergencia agropecuaria en zonas afectadas por excesos hídricos, principalmente en el norte del territorio. La medida, que surge del consenso entre el sector público y privado, busca brindar alivio a los productores en un contexto climático adverso.
Avance conjunto para asistir a productores
La decisión fue tomada en el marco de una reunión de la Comisión de Emergencia Agropecuaria, donde se acordó incluir 16 distritos de los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado dentro de la declaración. Además, se sumaron las localidades de Recreo, Monte Vera y Santa Fe, aunque en estos casos exclusivamente para la producción hortícola.
El acuerdo fue alcanzado por unanimidad, lo que refleja la urgencia y la gravedad de la situación en las zonas afectadas. Ahora, el paso siguiente será la convalidación por parte del Poder Ejecutivo provincial, condición necesaria para que entren en vigencia los beneficios previstos.
Beneficios fiscales y respaldo nacional
Una vez oficializada, la medida permitirá activar herramientas de alivio impositivo para los productores, que enfrentan pérdidas por anegamientos y dificultades operativas. Además, el gobierno de Santa Fe elevará el decreto a la Nación con el objetivo de lograr la homologación de la emergencia a nivel nacional, lo que ampliaría el alcance de las asistencias y facilitaría el acceso a otros instrumentos de apoyo.
Según se definió en la reunión, la emergencia tendrá vigencia desde el 1° de abril hasta el 30 de septiembre de 2026, un plazo que se ajusta a los calendarios fiscales y productivos del sector.
Este período resulta crítico para muchas actividades agropecuarias, ya que los excesos hídricos afectan tanto la producción actual como las perspectivas de la próxima campaña, especialmente en regiones donde los suelos presentan baja capacidad de drenaje.
Relevamientos en territorio y acción coordinada
Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) destacaron que la rapidez en la toma de decisiones fue posible gracias a relevamientos previos realizados en las zonas afectadas.
Funcionarios de Santa Fe recorrieron los campos en los últimos días, recopilando información y evaluando el impacto directo de las inundaciones, en coordinación con técnicos del INTA. Este trabajo permitió contar con un diagnóstico preciso y avanzar sin demoras en la definición de la medida.
Un reclamo por respuestas rápidas
Durante el encuentro, representantes del sector productivo de Santa Fe insistieron en la necesidad de actuar con celeridad frente a eventos climáticos extremos, que en los últimos años se han vuelto más frecuentes.
Diego Alonso, secretario de Carsfe, valoró el resultado de la reunión y subrayó la importancia de este tipo de respuestas. “Fue un encuentro ágil y positivo, donde se reflejó claramente la realidad que atraviesan los departamentos afectados”, afirmó.
Asimismo, remarcó que la rapidez en la implementación de medidas es fundamental para amortiguar el impacto económico sobre los productores, especialmente en actividades que dependen directamente de las condiciones climáticas.
Impacto productivo y desafíos hacia adelante
Las inundaciones en Santa Fe generan consecuencias directas sobre la producción agropecuaria, desde la pérdida de cultivos hasta la imposibilidad de acceder a los campos y movilizar hacienda.
En el caso de la producción hortícola, particularmente en las zonas cercanas a la capital provincial, los anegamientos afectan la calidad y disponibilidad de productos frescos, lo que también repercute en los mercados locales.
Frente a este escenario, la declaración de emergencia aparece como una herramienta clave para sostener la actividad, aunque desde el sector advierten que será necesario seguir de cerca la evolución climática y evaluar nuevas medidas si las condiciones persisten.
Un contexto climático desafiante
El norte santafesino es una de las regiones más expuestas a eventos de lluvias intensas y acumulación de agua. En este contexto, la gestión del riesgo climático se vuelve cada vez más relevante para la sostenibilidad del sistema productivo.
La decisión de avanzar con la emergencia agropecuaria refleja un intento de respuesta rápida ante una coyuntura crítica, en la que el trabajo conjunto entre el Estado y las entidades rurales resulta fundamental para mitigar los efectos y sostener la producción.
