Productores presionan a municipios: avanzan demandas judiciales por la tasa vial y las guías ganaderas
El conflicto por el mantenimiento de los caminos rurales y el cobro de la tasa vial vuelve a escalar en la provincia de Buenos Aires. Productores del sudeste bonaerense comenzaron a analizar una avanzada judicial contra municipios que, según denuncian, aplican tributos sin una contraprestación efectiva.
El tema cobró fuerza luego de que la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) destacara recientemente una “señal contundente” de la Justicia, tras fallos favorables a productores en los distritos de Azul y Daireaux. En ambos casos, los tribunales ordenaron la devolución de montos cobrados por tasas que no contaban con servicios concretos asociados, con cifras que alcanzan niveles millonarios.
Detrás de estas decisiones judiciales aparece el abogado constitucionalista Jorge Moroni, quien ahora impulsa la posibilidad de replicar estos reclamos en otros municipios. “Se abrió una puerta grande en la Justicia”, sostuvo ante representantes rurales, marcando un cambio de clima en los tribunales.
Reunión clave en el sudeste y diagnóstico compartido
El planteo tomó forma en una reunión realizada con las 16 Sociedades Rurales del sudeste bonaerense, que incluyó entidades de distritos como Tandil, Balcarce, Necochea, Rauch y General Alvarado, entre otros. Allí, los productores expresaron su preocupación por el estado de la infraestructura rural, en un contexto donde las lluvias vuelven a poner en evidencia las deficiencias en los caminos.
Moroni explicó que existe predisposición en distintos juzgados para avanzar con este tipo de demandas, especialmente en jurisdicciones como Mar del Plata y Trenque Lauquen. El eje legal es claro: las tasas que cobran los municipios deben tener una contraprestación directa, tal como lo establece la Constitución.
En ese sentido, el abogado —quien trabaja junto a Juan Pedro Merbilháa, ex presidente de CARBAP— tomó nota de los distritos con mayores conflictos y quedó en contacto con las entidades. El objetivo es evaluar caso por caso y avanzar donde el diálogo con los municipios esté agotado.
Las guías ganaderas también en la mira
El cuestionamiento no se limita a la tasa vial. Otro punto de conflicto con los municipios es el cobro de las guías ganaderas —marcas y señales—, un tributo histórico que también enfrenta críticas crecientes. Productores consideran que este sistema carece de una contraprestación real, lo que lo vuelve vulnerable a impugnaciones legales.
Un caso testigo es el de la Sociedad Rural de Rauch, que presentó un proyecto para eliminar progresivamente esta tasa en su distrito. Sin embargo, la iniciativa aún no logró avanzar en el ámbito legislativo local, en medio de cuestionamientos a la falta de actualización normativa.
Para Moroni, el escenario es claro: “cualquier juez que analice esta tasa con un reclamo concreto la haría caer inmediatamente”, afirmó, al considerar que su justificación es débil desde el punto de vista legal. Según explicó, se trata de un sistema donde “solo hay una oficina que impone un sello”, sin servicios tangibles asociados.
Municipios bajo la lupa y diferencias en la gestión
El debate también expone una fuerte heterogeneidad entre municipios. Desde las entidades rurales señalaron que no todos presentan los mismos niveles de conflicto, y destacaron algunos casos con buena gestión de caminos rurales.
Entre los distritos mejor valorados se mencionan Tandil, Benito Juárez, San Cayetano, General Lavalle y General Madariaga, donde los productores reconocen avances en infraestructura y diálogo institucional. En un segundo grupo aparecen municipios con críticas, pero con canales de comunicación abiertos, como Mar Chiquita, Rauch, Maipú, Lobería, Ayacucho y Balcarce.
En contraste, los mayores cuestionamientos recaen sobre General Pueyrredón, General Alvarado, Necochea y General Guido, donde los productores denuncian falta de respuestas y serias dificultades en la transitabilidad rural.
Un conflicto estructural con impacto productivo
Más allá de los casos puntuales, el trasfondo del conflicto es estructural. La tasa vial constituye una fuente clave de financiamiento para muchos municipios, pero los productores reclaman que esos recursos no siempre se traducen en mejoras concretas.
En un contexto climático exigente y con caminos rurales deteriorados, el tema vuelve a instalarse con fuerza. La novedad es que, ahora, la vía judicial aparece como una herramienta cada vez más utilizada para exigir transparencia y cumplimiento.
