Tensión en la Rural: crece la interna y proyecto fallido con perjuicio millonario
La Sociedad Rural Argentina (SRA) atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente, tras el estallido de una disputa interna que combina denuncias cruzadas, un proyecto tecnológico fallido y un perjuicio económico superior a los tres millones de dólares. El conflicto en la Rural escaló en plena antesala de las elecciones internas previstas para septiembre, lo que profundiza la incertidumbre en la conducción de la entidad.
El detonante fue el fracaso en la digitalización de los registros genealógicos de razas animales, una herramienta clave para el funcionamiento institucional. Las fallas detectadas en el sistema impidieron su uso normal y generaron fuertes cuestionamientos, tanto por el costo como por la gestión del proyecto.
A partir de allí, la tensión derivó en un enfrentamiento directo entre el presidente Nicolás Pino y el vicepresidente Marcos Pereda, quienes se responsabilizan mutuamente por el colapso del sistema y la administración de los fondos.
Un proyecto fallido y denuncias cruzadas
El plan de modernización tecnológica había sido presentado como un avance estratégico para la Rural. Sin embargo, el proyecto, que debía completarse en nueve meses desde junio de 2023, se extendió durante dos años, con sucesivas demoras y renegociaciones contractuales.
Según la documentación interna, el costo final superó los USD 3 millones. La conducción actual de la Rural sostiene que la empresa contratada, Mobile Computing SA, incumplió entregas y desarrollos, mientras que desde el entorno de Pereda rechazan esa interpretación y apuntan a problemas de gestión y control.
La situación se volvió aún más compleja cuando la firma fue transferida a otra compañía, lo que incrementó la incertidumbre técnica. A esto se sumaron renuncias dentro del equipo técnico y advertencias legales que, según trascendió, no habrían sido atendidas, lo que alimentó el clima de desconfianza.
Reclamos de socios y pedido de auditoría forense
En medio de la escalada del conflicto en la Rural, un grupo de cabañeros elevó un pedido formal para que se realice una auditoría forense. El objetivo es determinar responsabilidades en el manejo de los registros y en la ejecución del proyecto, en un contexto de creciente malestar interno.
La conducción de la entidad ya ordenó una auditoría externa, aunque el proceso enfrenta obstáculos. La empresa involucrada se habría negado a someterse a la revisión, mientras que la disputa derivó en una instancia de mediación judicial.
Desde el sector que responde a Pereda, se insiste en la necesidad de mayor transparencia. Reclaman acceso completo a la documentación y denuncian una supuesta utilización política de recursos institucionales, en medio de la campaña electoral.
Una interna atravesada por la política y el poder
La crisis actual no puede entenderse sin el quiebre de la alianza entre Pino y Pereda, que los llevó al poder en 2021. Las diferencias comenzaron a profundizarse con el tiempo, especialmente en torno a la relación con el Gobierno nacional.
Mientras Pino sostiene una postura dialoguista con la administración de Javier Milei, Pereda se posiciona como referente de un sector más crítico, particularmente en temas como las retenciones agropecuarias. Estas diferencias políticas se trasladaron al funcionamiento interno de la Rural, generando un clima de ruptura.
El conflicto en la Rural también se vincula con iniciativas de modernización impulsadas en la gestión, como el voto electrónico y cambios estructurales. Lo que inicialmente fue un proyecto compartido terminó convirtiéndose en un punto de disputa, con acusaciones sobre responsabilidades en su implementación.
Elecciones, reelección y futuro institucional
La interna se intensifica de cara a las elecciones del 9 de septiembre. Pereda ya formalizó su candidatura, mientras que Pino aún no definió si buscará un nuevo mandato, lo que mantiene abierto el escenario político dentro de la Rural.
A esto se suma la controversia por los límites a la reelección. Un grupo de socios cuestionó la posibilidad de que Pino aspire a un cuarto mandato, invocando una reforma estatutaria reciente. La conducción actual sostiene que esa norma no aplica retroactivamente, lo que generó un nuevo foco de conflicto.
