Ganaderos de Córdoba piden eliminar tasas por guías de traslado
El cobro de tasas municipales y comunales vinculadas con las guías de traslado de animales volvió a quedar bajo la lupa en Córdoba. La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) reclamó establecer un criterio único en toda la provincia y cuestionó que algunos productores deban pagar cargos por el visado y conformado de documentos que, según la entidad, actualmente son gestionados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
El planteo apunta a los municipios y comunas que cobran una tasa o cargo por intervenir en las guías electrónicas necesarias para movilizar hacienda. Para CARTEZ, el problema no solo está relacionado con el monto abonado, sino fundamentalmente con la existencia de una contraprestación efectiva por parte de los gobiernos locales. “Cobran, pero no prestan el servicio”, resumió la entidad al plantear su reclamo.
Un costo que recae sobre la ganadería
Uno de los principales cuestionamientos de CARTEZ es que estos cargos por guías de traslado no alcanzan por igual a todo el sector agropecuario, sino que recaen particularmente sobre productores dedicados a la cría o al engorde de animales. La entidad considera que esta situación genera una carga adicional sobre una actividad que tiene un peso relevante en la economía de las localidades del interior provincial.
Según el planteo, la ganadería realiza un aporte significativo al arraigo territorial, la producción y el empleo rural, por lo que no resultaría razonable que los productores deban afrontar en forma particular costos generales de municipios y comunas. El cuestionamiento se vuelve mayor cuando el pago exigido por las guías no está acompañado por una prestación concreta y verificable.

La problemática presenta además distintas modalidades según la jurisdicción. En algunos casos intervienen sociedades rurales que comparten con los gobiernos locales los recursos recaudados, una situación que, de acuerdo con CARTEZ, suma complejidad a la discusión sobre quién presta efectivamente el servicio y bajo qué fundamento se cobra.
Municipios defienden la necesidad de recursos
Entre los argumentos planteados por algunos intendentes y jefes comunales aparece la necesidad de renovar el parque automotor o compensar menores recursos provenientes de la coparticipación. CARTEZ reconoce que las necesidades financieras de los gobiernos locales pueden ser legítimas, pero considera que eso no debería traducirse en una carga específica para los productores ganaderos cuando no existe una contraprestación efectiva.
La entidad también cuestiona que el cobro de las guías sea presentado como un impuesto delegado por la Provincia y plantea la necesidad de revisar las normas que sustentan la participación de municipios y comunas en el visado y conformado de las guías de traslado.

Reclamo por una norma para toda Córdoba
Algunas administraciones locales ya eliminaron o corrigieron estos cobros después de reconocer la situación. Sin embargo, para CARTEZ, las soluciones individuales generaron otro problema: productores que realizan actividades similares terminan pagando o dejando de pagar según el municipio o comuna donde desarrollan su actividad.
Por eso, la organización reclama una solución general para todo el territorio provincial, que permita evitar diferencias entre jurisdicciones. El objetivo es que el tratamiento de las guías de traslado no dependa de la ubicación del establecimiento ganadero y que exista una regla uniforme para todos los productores.
Piden tratar dos proyectos en la Legislatura
CARTEZ también vinculó su reclamo con un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, según la entidad, reafirmó la improcedencia de cobrar tasas de guías de traslado cuando no existe una contraprestación efectiva. El argumento incorpora además una cuestión de equidad: un grupo reducido de contribuyentes termina financiando gastos que benefician al conjunto de la comunidad.

Ante este escenario, la entidad pidió a la Legislatura de Córdoba que avance con los proyectos de ley presentados por los legisladores Oscar Agost Carreño y Matías Gvozdenovich.
El reclamo en torno a las guías busca cerrar una discusión que lleva tiempo en distintas localidades: que el traslado de hacienda tenga reglas uniformes y que los productores no paguen cargos por servicios que no reciben. Para CARTEZ, la definición de un criterio provincial permitiría ordenar el sistema y evitar que la carga económica varíe de acuerdo con cada jurisdicción.
