Ganadería: el Gobierno reactivó un beneficio fiscal para aliviar la carga impositiva del sector


La presión tributaria volvió a dominar las discusiones en las principales reuniones del agro, con noticias para la ganadería. Tanto en Jonagro como en A Todo Trigo, productores y dirigentes insistieron con la necesidad de avanzar hacia una reforma impositiva más amplia que reduzca el peso fiscal sobre la producción. Las entidades rurales sostienen que la competitividad del sector continúa afectada por una estructura tributaria elevada, incluso más allá de las retenciones.

En ese contexto, el Gobierno nacional busca mostrar algunas señales hacia la actividad agropecuaria. El Ministerio de Economía incluyó dentro de la reciente Ley de Modernización Laboral 27.802 una serie de incentivos fiscales destinados a distintos sectores productivos. La iniciativa había sido anticipada por Javier Milei durante la Exposición Rural de 2024, aunque recién pudo plasmarse este año con la aprobación de la norma.

Uno de los puntos que más interés despertó en la ganadería es el regreso de un mecanismo de diferimiento impositivo para establecimientos de invernada y engorde. La medida busca reducir el impacto del Impuesto a las Ganancias sobre el stock de hacienda, una problemática que desde hace años generaba cuestionamientos dentro del sector.

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Cómo cambia la valuación de la hacienda

La modificación quedó establecida en el artículo 193 de la ley y recupera criterios contemplados en la Ley 23.079, sancionada en 1984. Ese sistema se basaba en tablas de equivalencia entre categorías de hacienda y permitía fijar valores fiscales tomando como referencia una “categoría base”, históricamente el novillo de uno a dos años.

Con la posterior aplicación del Impuesto a las Ganancias, los establecimientos de invernada quedaron obligados a valuar sus animales a “precio de plaza menos gastos de venta” al cierre del balance. Eso implicaba que el productor debía tributar aun sin haber vendido la hacienda, simplemente porque el valor del ganado había aumentado o porque el animal había ganado kilos durante el ciclo productivo.

Desde la ganadería advertían que ese esquema generaba una fuerte distorsión financiera. Muchos productores debían pagar impuestos sobre una renta todavía no concretada, ya que los animales seguían dentro del establecimiento. La situación impactaba especialmente en quienes apostaban por ciclos más largos y animales más pesados, una estrategia clave para mejorar la productividad ganadera.

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Fuente: istock foto

El beneficio que ahora vuelve a regir

Con la nueva normativa, los productores podrán volver a utilizar los índices de relación previstos por la Ley 23.079 para valuar novillos y vaquillonas. De esta manera, el stock dejará de seguir diariamente las variaciones del mercado y pasará a valuarse según parámetros fiscales establecidos por las tablas históricas.

El cambio reduce la base imponible del Impuesto a las Ganancias y posterga el pago del tributo hasta el momento de la venta efectiva del animal. El beneficio para la ganadería no implica una eliminación del impuesto, sino un diferimiento fiscal que permite tributar cuando la ganancia realmente se concreta.

Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación remarcaron que la medida apunta a aliviar la carga impositiva de una actividad de largo plazo como la ganadería. El organismo recordó recientemente la vigencia del nuevo mecanismo en medio de los reiterados pedidos de rebaja tributaria formulados por las entidades rurales.

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Foto: Cámara Argentina de Feedlot

Un incentivo para producir animales más pesados

El Gobierno sostiene que el nuevo esquema para la ganadería también busca corregir distorsiones que muchas veces condicionaban las decisiones productivas dentro de los establecimientos. Según explicaron desde el área agropecuaria, la presión impositiva terminaba incentivando ventas anticipadas para evitar mayores costos fiscales.

Con el diferimiento tributario, los productores tendrán más margen para sostener ciclos de engorde más largos sin que eso implique un incremento inmediato de la carga fiscal. La medida apunta a fomentar la producción de animales más pesados y mejorar la eficiencia del negocio ganadero, uno de los objetivos que históricamente reclamó la cadena bovina.

Aunque el sector continúa reclamando una reforma impositiva más profunda, el Gobierno busca mostrar este cambio como una señal concreta hacia la producción. La intención oficial es mejorar las condiciones financieras de la actividad sin resignar recaudación en el corto plazo, en un contexto donde la administración nacional mantiene como prioridad el equilibrio fiscal.