RIMI: las condiciones que deberán cumplir las pymes del agro para acceder a beneficios fiscales
El Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y definió las condiciones que deberán cumplir las empresas para acceder a los beneficios fiscales previstos por la Ley 27.802. A través de la Resolución General Conjunta 5849/2026, publicada en el Boletín Oficial, se establecieron requisitos, mecanismos operativos y criterios de control, mientras el Ejecutivo busca impulsar inversiones productivas y fortalecer distintas cadenas de valor dentro de la economía argentina.
La medida lleva las firmas de María Carmen Tettamanti, Sergio Iraeta y Andrés Vázquez. Según el texto oficial, el régimen apunta a promover inversiones nacionales y extranjeras, mejorar la competitividad y generar empleo, en un escenario donde el Gobierno intenta combinar incentivos tributarios con controles fiscales más estrictos para los proyectos alcanzados.
La reglamentación del RIMI pone especial atención sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que establece cuáles serán las condiciones necesarias para ingresar al esquema. Además, determina pautas de coordinación entre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Agricultura y Energía para el seguimiento y fiscalización de las inversiones declaradas.
Los beneficios fiscales y las inversiones alcanzadas
El RIMI contempla beneficios vinculados con la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución de créditos fiscales de IVA. El esquema alcanza a inversiones en bienes muebles amortizables y obras productivas realizadas dentro del país, siempre que se cumpla con un monto mínimo de inversión dentro de un plazo de dos años.
Sin embargo, la resolución incorporó excepciones específicas para determinadas actividades consideradas estratégicas. Según el texto oficial, algunas inversiones podrán acceder a los beneficios sin necesidad de cumplir el piso mínimo exigido, especialmente aquellas relacionadas con mejoras tecnológicas o productivas dentro del sector agropecuario.
Entre los bienes contemplados por el RIMI aparecen sistemas de riego, equipos de alta eficiencia energética, mallas antigranizo y bienes semovientes. El objetivo es facilitar inversiones vinculadas con productividad y modernización tecnológica, donde la incorporación de infraestructura y equipamiento aparece como un factor clave para mejorar competitividad en los establecimientos rurales.
Qué deberán presentar las pymes para ingresar
Uno de los puntos centrales de la reglamentación del RIMI está vinculado con los requisitos de acceso al régimen. La resolución dispuso que podrán ingresar al esquema los sujetos comprendidos en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias que califiquen como micro, pequeñas o medianas empresas hasta la categoría Mediana Empresa Tramo 2 inclusive.
Para acceder a los beneficios será obligatorio contar con el Certificado MiPyME vigente al primer día del mes de inicio del ejercicio fiscal en el que se concrete la primera inversión. Además, las empresas deberán estar registradas dentro del Sistema Registral de ARCA como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas Tramos 1 y 2, requisito que funcionará como uno de los principales filtros administrativos antes de otorgar beneficios fiscales dentro del nuevo esquema.
Cómo funcionará el sistema digital y los controles
Otro de los ejes de la reglamentación de acceso al RIMI pasa por la implementación del servicio web “Sistema de Gestión de Inversiones (SGI)”, desarrollado por ARCA. A través de esa plataforma se realizará toda la gestión integral del régimen, incluyendo la registración de inversiones, la selección de beneficios fiscales y la carga de documentación respaldatoria.
La resolución también prevé situaciones donde las inversiones no puedan encuadrarse automáticamente dentro de las categorías previstas. En esos casos será necesario presentar un informe técnico elaborado por un profesional idóneo con firma certificada, mecanismo con el que el Gobierno buscará reforzar la validación técnica de las inversiones declaradas por las empresas alcanzadas.
Auditorías y posibles sanciones
La reglamentación de acceso al RIMI también definió mecanismos de fiscalización y sanciones ante posibles incumplimientos. ARCA verificará que las empresas no registren deuda líquida y exigible al momento de solicitar beneficios fiscales, mientras que Agricultura y Energía podrán realizar auditorías para controlar el cumplimiento de las condiciones previstas.
Además, la resolución establece que, si se detectan irregularidades que puedan derivar en la caducidad del régimen, la situación deberá ser comunicada al organismo fiscal. En esos casos, ARCA podrá reclamar la devolución de créditos fiscales otorgados y aplicar intereses o multas previstas por la normativa vigente, además de exigir el pago del Impuesto a las Ganancias ingresado en defecto.
