Nuevo esquema para semillas: el Gobierno busca reforzar controles sin cambiar la ley
El Gobierno presentó al sector agropecuario un nuevo esquema para fortalecer la fiscalización en semillas, con el objetivo de mejorar el control sobre la propiedad intelectual y facilitar la incorporación de nuevas tecnologías. La iniciativa fue expuesta en un encuentro realizado en la Secretaría de Agricultura, donde participaron funcionarios nacionales, entidades rurales y representantes de toda la cadena semillera.
El eje central del planteo es la implementación de un sistema de fiscalización de semillas que regirá únicamente para las nuevas variedades que se inscriban a partir de ahora, sin modificar la legislación vigente. Según se explicó, la adhesión será voluntaria para los productores, en un intento por generar una transición gradual hacia un esquema más eficiente.
Del encuentro participaron el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, junto a dirigentes de la Mesa de Enlace y referentes del sector.
Control en puntos clave y articulación público-privada
Uno de los pilares del nuevo esquema es la focalización de los controles en el primer punto de entrega del grano, como acopios, plantas de procesamiento y puertos. Estos nodos concentran gran parte del flujo comercial y permiten monitorear de manera más eficiente la trazabilidad del producto antes de su dispersión.
Además, el sistema estará integrado con el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), lo que permitirá articular la fiscalización varietal con la infraestructura de control fiscal ya existente. Todos los establecimientos que operen como puntos de entrega deberán estar registrados en ese sistema.
El Instituto Nacional de Semillas (Inase) tendrá un rol central en la implementación, avanzando en convenios con entidades habilitadas para realizar controles y análisis de identidad varietal. Este modelo incorpora activamente al sector privado, a través de Cámaras Arbitrales y otras instituciones con capacidad técnica.
Según explicaron desde el Gobierno, esta articulación busca aprovechar la infraestructura y el conocimiento del sector sin reemplazar el rol del Estado como autoridad de aplicación, en un esquema que combina eficiencia operativa y supervisión pública.
Cómo funcionará el sistema y qué cambia para los productores
El nuevo protocolo de fiscalización de semillas prevé que los análisis de identidad varietal se realicen mediante métodos reconocidos por el Inase, con resguardo de muestras para eventuales verificaciones. Los resultados serán enviados directamente a los titulares de las variedades, quienes podrán evaluar si corresponde iniciar acciones.
En caso de detectar irregularidades, los titulares podrán presentar denuncias ante el Inase, que activará los procedimientos administrativos previstos en la normativa vigente. Además, se habilita la posibilidad de avanzar por la vía civil o penal si así lo consideran necesario.
Las infracciones serán sancionadas según lo establecido en la Ley 20.247, lo que confirma que el esquema no implica cambios legislativos, sino una mejora en los mecanismos de control existentes. La implementación se formalizará mediante una resolución conjunta que será publicada en el Boletín Oficial.
Desde el Ministerio de Desregulación destacaron que el sistema fue diseñado como una transición. El stock actual de semillas seguirá bajo las reglas vigentes, mientras que el nuevo esquema aplicará únicamente a las variedades que se registren en adelante.
Productividad, propiedad intelectual y un desafío pendiente
El trasfondo de la iniciativa está vinculado a un reclamo histórico del sector semillero: mejorar el respeto por la propiedad intelectual en cultivos autógamos como soja y trigo, donde la Argentina muestra rezagos frente a otros países.
Según el diagnóstico oficial, las dificultades para garantizar estos derechos limitaron la incorporación de nuevas tecnologías. El objetivo ahora es generar condiciones que incentiven la llegada de materiales más avanzados, con mayor potencial de rendimiento.
“Se busca evitar situaciones donde otros países aumentan su producción con tecnología desarrollada en la Argentina”, señalaron fuentes oficiales. En ese sentido, el nuevo esquema de semillas apunta a alinear al país con estándares internacionales en materia de innovación agrícola.
Las estimaciones del Gobierno indican que una mayor adopción de genética mejorada en semillas podría traducirse en un aumento de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares en exportaciones, especialmente en cultivos clave para la economía nacional.
Con este enfoque, la propuesta intenta equilibrar intereses: promover la innovación sin afectar a los productores que ya operan bajo el sistema actual. “Quien quiera incorporar tecnología lo hará porque le conviene; quien no, puede seguir como está”, resumieron.
