El Gobierno elimina trabas para actualizar patentes en biotecnología
El Gobierno nacional avanzó con una nueva medida de desregulación que impacta sobre el sistema de propiedad intelectual vinculado a la biotecnología, la genética y el desarrollo agroindustrial. A través de una resolución conjunta, dejó sin efecto una normativa vigente desde 2001 que condicionaba la actualización de los criterios de patentamiento para materia viva y sustancias naturales, con el objetivo de otorgar mayor autonomía técnica al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y agilizar los procedimientos administrativos.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución Conjunta 1/2026, firmada por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. La medida se enmarca en la estrategia oficial de simplificación administrativa y reducción de estructuras regulatorias que el Gobierno viene impulsando en distintos organismos del Estado.
Hasta ahora, cualquier modificación o actualización de las directrices técnicas relacionadas con la patentabilidad de desarrollos vinculados a materia viva debía atravesar un esquema especial de consulta y validación creado hace más de dos décadas. Según la visión oficial, ese mecanismo había dejado de cumplir una función práctica y terminaba generando demoras innecesarias frente a los avances científicos y tecnológicos.
Fin de una estructura creada hace 25 años
La resolución deroga la Resolución Conjunta 99/2001 y 810/2001, que había dado origen a un Grupo de Trabajo Permanente en Propiedad Intelectual integrado por organismos públicos vinculados al sector agropecuario y tecnológico.
Ese espacio estaba conformado por el INPI, el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el entonces SENASA, con la misión de elaborar criterios específicos para el patentamiento de materia viva y sustancias naturales.
En aquel momento, el objetivo era establecer pautas técnicas que permitieran evaluar solicitudes vinculadas con biotecnología, mejoramiento genético y desarrollos relacionados con organismos vivos. Sin embargo, el Gobierno sostiene que esa tarea ya fue cumplida hace más de veinte años.
Más autonomía para el INPI
Uno de los principales argumentos del Ejecutivo es que la permanencia de aquella estructura generaba una instancia burocrática adicional que ralentizaba la capacidad de adaptación de los criterios técnicos frente a los cambios que se producen en el ámbito científico internacional.
Según los fundamentos de la resolución, el esquema vigente introducía “rigideces” que dificultaban actualizar las directrices de patentamiento de acuerdo con los avances tecnológicos y jurídicos registrados tanto en Argentina como en otros países.
Por ese motivo, el Gobierno considera que la responsabilidad de revisar y modificar esos criterios debe quedar exclusivamente bajo la órbita del INPI, organismo especializado en propiedad industrial y encargado de evaluar las solicitudes de patentes en el país.
Impacto en biotecnología y agroindustria
La medida podría tener efectos relevantes para sectores vinculados con la biotecnología, el desarrollo de nuevas variedades vegetales, la genética aplicada y diversas actividades de la agroindustria.
Desde la óptica oficial, la eliminación de instancias administrativas intermedias permitirá acelerar los procesos de revisión y actualización de criterios técnicos, otorgando mayor previsibilidad a quienes desarrollan tecnologías y buscan proteger sus innovaciones mediante patentes.
Además, el Gobierno considera que un sistema más dinámico facilitará la incorporación de estándares internacionales y permitirá responder con mayor rapidez a los desafíos que plantea la evolución permanente de disciplinas como la biotecnología.
Un nuevo paso en la agenda de desregulación
La resolución sobre patentes en biotecnología entró en vigencia el 11 de junio, tras su publicación en el Boletín Oficial. La decisión fue comunicada formalmente al INPI, al INASE, al INTA y al SENASA, organismos que habían participado históricamente del esquema creado en 2001.
La actualización de los criterios de patentamiento en áreas estratégicas como la biotecnología quedará ahora exclusivamente en manos del INPI, que podrá revisar sus directrices técnicas sin necesidad de atravesar mecanismos de validación adicionales.
