Semillas: el Gobierno impulsa mayor control privado y reabre el debate por la propiedad intelectual
El debate por una nueva ley de semillas volvió al centro de la escena tras las definiciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien planteó la posibilidad de “transferir el control al sector privado” en el sistema de fiscalización. La propuesta apunta a reforzar la protección de la propiedad intelectual y generar incentivos para la incorporación de tecnología en el agro.
Durante una entrevista en la TV Pública, el funcionario sostuvo que el Estado carece de capacidad para auditar el cumplimiento de estos sistemas, lo que abre la puerta a un esquema con mayor participación de actores privados en el control del uso de semillas.
Brecha productiva y falta de incentivos
El eje del planteo oficial se basa en la necesidad de cerrar la brecha productiva respecto de otros países. En ese sentido, Sturzenegger ejemplificó con el caso del algodón: mientras en Argentina se obtienen rindes de 600 kilos por hectárea, en Brasil alcanzan los 1400 kilos en condiciones similares.
Según el ministro, la diferencia no radica en la calidad de los productores locales, sino en el acceso a genética mejorada. “El problema es que esas semillas no llegan porque no hay respeto a la propiedad intelectual”, afirmó, señalando que esta situación desalienta la inversión en innovación.
Un sistema que busca equilibrar intereses
El esquema que evalúa el Gobierno intenta combinar dos objetivos: por un lado, mantener prácticas tradicionales como el uso propio de semillas, y por otro, permitir que las empresas desarrolladoras puedan cobrar por sus innovaciones cuando los productores adopten materiales de mayor rendimiento.
“Si alguien decide usar una semilla superior, que haya un sistema para que esa propiedad intelectual se remunere”, explicó el funcionario. La idea es avanzar hacia un modelo que no imponga cambios obligatorios inmediatos, pero que genere condiciones para incorporar nuevas tecnologías.
El rol del sector privado en el control
Uno de los puntos más sensibles de la propuesta es la posible delegación de la fiscalización. “Vamos a transferir el control al sector privado”, afirmó Sturzenegger, en lo que representa un cambio significativo respecto del esquema actual.
El ministro sostuvo que las herramientas tecnológicas actuales permitirían implementar este sistema sin necesidad de una nueva ley, aunque el debate legislativo sigue abierto. “La realidad ya obliga a la remuneración, lo que faltaba era capacidad de control”, agregó.
Un conflicto histórico entre actores del agro
El tema de las semillas arrastra una larga disputa entre el Estado, las empresas biotecnológicas y los productores. Mientras el Gobierno busca alinearse con estándares internacionales como el convenio UPOV 91, que refuerza los derechos de propiedad intelectual, una parte del sector productivo advierte sobre el impacto en los costos y defiende el uso propio.
En este contexto, las entidades de la Mesa de Enlace presentaron una propuesta alternativa que busca equilibrar ambas posiciones. El planteo incluye la posibilidad de guardar semillas adquiridas legalmente, pero con un sistema de retribución limitado, y contempla beneficios para pequeños productores.
Impacto económico y potencial de inversiones
Desde el Gobierno estiman que la adopción de este nuevo esquema podría aportar unos 4000 millones de dólares adicionales a la producción agrícola, además de incentivar la llegada de nuevas tecnologías al país.
El debate también se vincula con un paquete más amplio de reformas orientadas a atraer inversiones. En particular, Sturzenegger mencionó la posibilidad de modificar la legislación sobre tierras rurales para facilitar la participación extranjera.
Según el funcionario, estos cambios podrían habilitar ingresos por hasta 15.000 millones de dólares, especialmente en sectores que requieren alta inversión, como sistemas de riego e infraestructura productiva.
Un debate abierto con impacto en el futuro del agro
La discusión por la ley de semillas se perfila como uno de los temas clave en la agenda agroindustrial. La tensión entre innovación, rentabilidad y acceso a la tecnología marca el eje del conflicto, en un contexto donde la competitividad del sector depende cada vez más de la incorporación de avances genéticos.
Mientras el Gobierno avanza con su estrategia para modificar el sistema, el Congreso y los distintos actores del agro deberán definir cómo equilibrar los intereses en juego. El resultado de este debate será determinante para el futuro productivo del país y su inserción en los mercados internacionales.
