Diputados analizan sumar 50.000 hectáreas de siembra al costado de las rutas
La Cámara de Diputados comenzó a analizar dos proyectos que buscan habilitar la siembra en terrenos adyacentes a las rutas nacionales, una alternativa que actualmente está prohibida y que podría incorporar unas 50.000 hectáreas al circuito productivo. Las iniciativas fueron presentadas por el diputado Javier Sánchez Wrba, del PRO, y la diputada Agustina Propato, de Unión por la Patria.
El debate se inició en la Comisión de Transportes de la Cámara baja, donde se realizó una reunión informativa para analizar el alcance de las propuestas. El objetivo es recuperar el uso productivo de determinadas superficies que hoy forman parte del dominio público, aunque con permisos específicos y bajo condiciones destinadas a preservar la seguridad vial y el mantenimiento de las rutas.
Un potencial de 50.000 hectáreas
Según un análisis difundido por la Fundación Barbechando, las iniciativas permitirían la siembra en superficies que actualmente pueden encontrarse sin utilización productiva. La estimación surge de considerar aproximadamente dos hectáreas adicionales por cada kilómetro lineal en las zonas productivas y una Red Vial Nacional cercana a los 40.000 kilómetros.
De concretarse ese escenario, unas 50.000 hectáreas podrían incorporarse a cultivos anuales. Sin embargo, los proyectos establecen que la siembra no se realizaría sobre las banquinas propiamente dichas ni sobre las franjas destinadas a la seguridad vial, sino en áreas adyacentes que puedan ser utilizadas bajo determinadas condiciones.
La propuesta de siembra contempla permisos precarios y onerosos para el uso de esos terrenos. De esta manera, el Estado podría obtener recursos a través del cobro de un canon, mientras que los productores tendrían la posibilidad de incorporar nuevas superficies a sus esquemas productivos.
Prioridad para los productores frentistas
El proyecto de siembra presentado por Sánchez Wrba establece que los productores cuyos establecimientos sean linderos a las rutas nacionales tendrían prioridad para solicitar los permisos de utilización de las franjas adyacentes a la calzada. El acceso estaría condicionado al pago de un canon y al cumplimiento de las exigencias correspondientes.
El diputado del PRO defendió la iniciativa bajo el argumento de que una mayor siembra también implica aprovechar de manera más eficiente el territorio disponible. Al mismo tiempo, remarcó que la seguridad de quienes circulan por las rutas constituye una condición central para cualquier esquema que se implemente.
Uno de los puntos que deberán analizar los legisladores será precisamente cómo establecer los límites entre las áreas productivas y las zonas de seguridad vial. La idea planteada es que el eventual aprovechamiento agrícola no interfiera con la circulación, la visibilidad ni las tareas de mantenimiento de la infraestructura.
Diferencias sobre el destino del canon
Aunque ambos proyectos comparten el objetivo de habilitar el uso productivo de terrenos linderos a las rutas nacionales, existen diferencias respecto del destino de los recursos obtenidos mediante los permisos.
Según explicó Barbechando, la iniciativa del PRO propone destinar el dinero recaudado al mantenimiento de la Red Vial Nacional. La propuesta impulsada por Unión por la Patria, en cambio, contempla un destino de carácter social y cooperativo.
La discusión sobre los fondos se suma así a otros aspectos que deberán definirse durante el tratamiento parlamentario, entre ellos las condiciones de acceso, los requisitos productivos, la duración de los permisos y los controles necesarios para garantizar que el uso agrícola sea compatible con la infraestructura vial.
Buenos Aires, un antecedente
Los impulsores de los proyectos plantean que existen antecedentes de utilización productiva regulada en distintas jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires cuenta con una normativa que permite otorgar permisos precarios sobre determinadas franjas adyacentes a rutas y caminos de la red vial provincial.
Se trata de la Ley 10.342, sancionada en 1985, que habilita a los municipios a otorgar este tipo de permisos de siembra bajo determinadas condiciones. Barbechando mencionó como ejemplo experiencias desarrolladas en 9 de Julio, donde se avanzó con el aprovechamiento productivo de esas superficies dentro del marco provincial y municipal.
