El Congreso debate una ley clave para el negocio del carbono
El Senado aprobó el 29 de octubre, con 60 votos a favor y dos en contra, un proyecto de ley que establece un marco regulatorio para los créditos de carbono y giró la iniciativa a la Cámara de Diputados. La propuesta busca brindar seguridad jurídica a los proyectos de reducción y captura de gases de efecto invernadero y facilitar su comercialización en mercados internacionales.
Para el sector agropecuario y forestal, la iniciativa abre la posibilidad de incorporar una nueva fuente de ingresos vinculada con la mitigación del cambio climático. Según las proyecciones preliminares de la Mesa Argentina de Carbono (MAC), estas actividades podrían generar entre US$ 460 millones y US$ 2.377 millones anuales, según la evolución del mercado y los escenarios considerados.
La entidad destacó el avance parlamentario y sostuvo que contar con reglas claras permitiría transformar el potencial ambiental argentino en inversiones, empleo y desarrollo regional. El proyecto reúne iniciativas de Flavia Royón, Jorge Capitanich, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, y ahora deberá superar el debate en Diputados para convertirse en ley.
Un marco legal para los créditos de carbono
Uno de los puntos centrales de la propuesta es el reconocimiento del crédito de carbono como un bien inmaterial de carácter patrimonial, con identidad propia y diferenciado del inmueble, los recursos naturales o la actividad que permite generarlo. La definición busca aportar previsibilidad sobre la titularidad de estos activos y las condiciones para su transferencia.
El texto también crea el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), destinado a identificar los proyectos y brindar trazabilidad a sus operaciones. El objetivo es evitar que una misma reducción o captura de emisiones de carbono sea contabilizada más de una vez, un aspecto clave para la credibilidad de los créditos y su aceptación por parte de los compradores.
Además, el esquema contempla programas provinciales y respeta el dominio de las jurisdicciones sobre sus recursos naturales. De esta manera, propone establecer una referencia nacional sin desconocer las competencias provinciales, relevantes para iniciativas vinculadas con la producción agropecuaria, los bosques y otros ecosistemas.
El acceso a mercados internacionales, una de las claves
La iniciativa busca facilitar la participación argentina en mecanismos internacionales que requieren autorización del país donde se originan los créditos. Durante el debate, Royón explicó que esa intervención es necesaria cuando la transferencia afecta la contabilidad de las metas climáticas nacionales, como ocurre en determinadas operaciones contempladas por el Acuerdo de París.
Para la Mesa Argentina de Carbono, el acceso a compradores internacionales puede ampliar las oportunidades comerciales. La organización señala que algunos de esos mercados pagan entre dos y cinco veces más que el mercado voluntario actual.
En materia tributaria, el proyecto contempla una alícuota del 0% para los derechos de exportación. Durante la votación en particular también se amplió de diez a treinta años el plazo de estabilidad fiscal para los proyectos registrados, una modificación que recibió 44 votos positivos y 19 negativos.
Más de 40 proyectos en marcha en el país
La Argentina ya cuenta con más de 40 proyectos de carbono en implementación. Para la MAC, un marco regulatorio nacional permitiría ampliar esa cartera, atraer inversiones y fortalecer la posición del país frente a otros mercados regionales que buscan desarrollar actividades relacionadas con la reducción de emisiones.
El recorrido legislativo incluye una propuesta elaborada por la entidad en noviembre de 2024 que no prosperó y la posterior presentación de su Plan de Desarrollo del Sector Carbono. Durante las reuniones de comisión en el Senado, la organización insistió en tres prioridades: definir la titularidad de los créditos, reconocer su naturaleza patrimonial y establecer mecanismos competitivos de acceso internacional.
El tratamiento en Diputados será determinante para conocer si el proyecto obtiene la aprobación definitiva. Para el agro, la discusión excede el aspecto ambiental: abre la posibilidad de generar ingresos adicionales a partir de prácticas productivas y forestales que reduzcan o capturen gases de efecto invernadero.
