La reforma de biocombustibles se frena y crece la tensión entre empresas
La reforma de la ley de biocombustibles quedó trabada en la Cámara de Diputados por la falta de acuerdo entre el oficialismo y los bloques que reclaman cambios para proteger a las pequeñas y medianas empresas del sector. La demora en la firma del dictamen profundizó las diferencias entre las cámaras empresarias, divididas entre quienes piden aprobar rápidamente el proyecto y quienes consideran indispensable modificarlo para evitar una mayor concentración del mercado.
El principal obstáculo es la postura del PRO, que busca incorporar los reclamos de las pymes bonaerenses. El oficialismo decidió postergar el avance legislativo mientras negocia con sus aliados, pese a que el proyecto ya cuenta con media sanción del Senado.
Reforma de biocombustibles con apoyos divididos
La iniciativa debía tratarse en un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda, y Agricultura y Ganadería. Sin embargo, las diferencias políticas impidieron reunir las firmas necesarias para emitir el dictamen y habilitar su tratamiento en el recinto.
El proyecto obtuvo 41 votos afirmativos y 25 negativos en el Senado. Entre sus principales disposiciones, establece un régimen de quince años y propone elevar, doce meses después de la sanción, el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10%.
También contempla aumentar la mezcla de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, con una distribución de seis puntos porcentuales para el producto elaborado a partir de caña de azúcar y otros seis para el obtenido del maíz.
El foco de la controversia en torno a los biocombustibles está en cómo se abrirá el mercado del biodiésel y qué protección tendrán las empresas no integradas durante la transición. Los cuestionamientos no se limitan al PRO: también existen planteos de legisladores de Unión por la Patria, el radicalismo y otros espacios políticos.
Carbio pide aprobar el texto sin cambios
Desde la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), su presidente, Luis Zubizarreta, defendió el proyecto aprobado por el Senado y reclamó acelerar su tratamiento. Según sostuvo, la iniciativa es resultado de negociaciones prolongadas y ofrece una alternativa superadora al esquema vigente.
El dirigente destacó que el texto contempla un período de adaptación de diez años para las empresas no integradas, durante el cual podrían adecuarse a las nuevas condiciones del mercado. A su entender, la reforma promoverá competencia e inversiones, con beneficios para los consumidores y la economía argentina.
Una posición similar expresó Gustavo Idígoras, titular de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara). El dirigente cuestionó la demora en Diputados y consideró que la media sanción fue producto de concesiones entre los distintos sectores y el Poder Ejecutivo.
Cepreb reclama más espacio para las pymes
En la vereda opuesta, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) exige modificaciones que garanticen la continuidad de las plantas de menor escala. Su director ejecutivo, Federico Martelli, propuso elevar el corte obligatorio de biodiésel al 12% o al 12,5%, con el objetivo de ampliar la demanda y sostener la participación de las empresas regionales.
El dirigente advirtió sobre el riesgo de que la reforma termine concentrando el negocio en las grandes compañías aceiteras. Para Cepreb, aprobar una nueva ley resulta necesario, pero debe hacerse con condiciones que permitan a las pymes seguir produciendo y preservar el empleo.
La discusión tiene especial relevancia para las plantas bonaerenses, incluidas las ubicadas en la zona de Bahía Blanca, que reclaman garantías frente a una eventual reducción progresiva de su participación en el mercado.
Casfer busca un equilibrio para destrabar la ley
La Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) adoptó una postura intermedia. Su presidente, Marcelo Kusznierz, reconoció que el proyecto de biocombustibles mejoró respecto de su versión original y consideró que el texto actual establece condiciones mínimas para las empresas no integradas de Santa Fe.
Aunque la entidad acepta acompañar modificaciones razonables, no quiere que las negociaciones terminen bloqueando la reforma de la ley de biocombustibles. Kusznierz pidió reglas transparentes y previsibles, sin privilegios para una provincia en detrimento de otras.
