SanCor pidió su propia quiebra y profundiza la crisis de la histórica cooperativa
La cooperativa láctea SanCor, una de las firmas más emblemáticas del sector en la Argentina, solicitó su propia quiebra ante la Justicia en un movimiento que marca un punto crítico en su prolongado deterioro financiero. La presentación se realizó en el juzgado de Rafaela a cargo del magistrado Marcelo Gelcich, en el marco de un proceso concursal que la empresa arrastra desde febrero de 2025 y que, según la propia firma, dejó de ser una herramienta viable para su recuperación.
Un concurso que ya no ofrecía salida
La decisión de avanzar hacia la quiebra de SanCor responde a un escenario de inviabilidad económica sostenida, donde la compañía no logró recomponer su funcionamiento ni generar ingresos suficientes para sostener su estructura. Entre los factores determinantes se destacan la falta de acceso al crédito, la escasez de capital de trabajo y el aumento de pasivos, que incluyen compromisos salariales, fiscales y comerciales.
A esto se sumó la presión de los acreedores y la imposibilidad de presentar una propuesta de pago creíble, lo que terminó por cerrar el camino del concurso preventivo. Según datos verificados en la causa judicial, la empresa enfrenta una deuda cercana a los US$120 millones, con más de 1500 acreedores reconocidos sobre un total de 2700 denunciados.
Una caída productiva sostenida
El deterioro de SanCor no es reciente. Desde 2017, la cooperativa experimenta una pérdida constante de participación en el mercado, acompañada por una fuerte reducción en su capacidad productiva. De procesar unos 4 millones de litros diarios de leche, pasó a menos de 500.000 litros, reflejando la magnitud de la crisis.
En paralelo, la firma se desprendió de marcas históricas de postres y yogures, cerró varias plantas y redujo su estructura industrial. A este escenario se sumaron conflictos laborales, entre ellos un prolongado enfrentamiento con trabajadores nucleados en Atilra que se extendió durante ocho meses y agravó aún más la situación operativa.
Conflictos, deudas y tensión gremial
En la actualidad, SanCor cuenta con unos 850 empleados, muchos de los cuales se encuentran afectados por atrasos salariales. Desde el gremio lechero señalaron que la firma adeuda ocho meses de sueldos y aguinaldos, además de incumplimientos en los aportes a la obra social y al sindicato.
El sindicato Atilra confirmó la presentación de quiebra y sostuvo que la compañía se encuentra en un estado de cesación de pagos, insolvencia patrimonial y falta de liquidez generalizada. En ese sentido, también remarcó que durante los últimos años la actividad se sostuvo parcialmente gracias a la asistencia del propio gremio, tanto en materia salarial como en prestaciones de salud.
Además, trascendió que existen cerca de 400 pedidos de quiebra individuales impulsados por trabajadores y otros acreedores, lo que refleja la profundidad del conflicto financiero y laboral.
Intervenciones y decisiones judiciales
El proceso judicial también estuvo marcado por cuestionamientos a la conducción de SanCor. En diciembre pasado, el juez Gelcich resolvió designar a la contadora Lucila Inés Prono como coadministradora, con amplias facultades, tras objeciones planteadas por la sindicatura sobre la gestión.
Los informes presentados por los organismos de control coincidieron en señalar el grave estado económico de la cooperativa, lo que terminó por derivar en la decisión de solicitar la quiebra. En paralelo, se espera que los tamberos asociados a la entidad ratifiquen la medida en una próxima asamblea.
Incertidumbre y posible reconfiguración
De cara al futuro, el escenario abre interrogantes sobre el destino de SanCor y sus activos. Desde el sector gremial sostienen que la quiebra no implica necesariamente el final, sino la posibilidad de una nueva etapa bajo otra estructura.
En ese sentido, fuentes del sector señalaron que existen empresas interesadas en adquirir activos de SanCor, pero que aguardan el proceso de quiebra para avanzar. Mientras tanto, el impacto social es inmediato: más de 850 puestos de trabajo quedan en una situación de extrema incertidumbre.
La definición judicial marcará el rumbo de una de las cooperativas más emblemáticas del país, cuyo futuro dependerá de cómo se reordene su estructura tras años de crisis acumulada.
