Salta activó la emergencia agropecuaria por las heladas en los Valles Calchaquíes
El Gobierno de Salta declaró el Estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario para las explotaciones vitivinícolas y frutihortícolas afectadas por las heladas en los Valles Calchaquíes. La disposición comprende a productores de Cafayate, San Carlos, Molinos y Cachi que hayan registrado daños superiores al 50% en sus cultivos y establece un marco para acceder a los beneficios previstos en la legislación provincial.
La medida quedó formalizada mediante un decreto provincial y tendrá vigencia desde el 12 de septiembre de 2026 hasta el 31 de marzo de 2028. El objetivo es brindar asistencia a las unidades productivas perjudicadas por las bajas temperaturas, que provocaron pérdidas en cultivos de vid y otras producciones agrícolas de una de las regiones más representativas de la vitivinicultura salteña.
La declaración incorpora tanto a las explotaciones dedicadas a la producción de uvas como a las actividades frutihortícolas. De esta manera, el alcance de la emergencia en Salta contempla la diversidad productiva de los Valles Calchaquíes y reconoce los daños ocasionados por el fenómeno climático en distintos rubros agrícolas.
El relevamiento confirmó daños en cuatro departamentos
La decisión del Ejecutivo provincial se tomó después de un proceso de relevamiento y evaluación de los perjuicios ocasionados por las heladas. Las tareas estuvieron a cargo de la Comisión Provincial de Emergencia y/o Desastre Agropecuario, un ámbito en el que participaron productores afectados, intendentes y representantes de organismos técnicos vinculados con el sector rural.
Entre las instituciones que intervinieron en el análisis se encontraron el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). La participación de estos organismos formó parte del trabajo destinado a evaluar el impacto de las bajas temperaturas en Salta y determinar las zonas y actividades que debían quedar comprendidas en la declaración.
En una primera etapa, las evaluaciones se concentraron en Cafayate y San Carlos. Sin embargo, a partir de los registros obtenidos y de las denuncias presentadas por los productores, el análisis se extendió posteriormente a Molinos y Cachi. Además, se amplió el alcance sectorial para incluir a las explotaciones frutihortícolas, cuyos cultivos también sufrieron consecuencias por las heladas.
Qué requisitos deben cumplir los productores
El acceso a los beneficios contemplados en la Ley Provincial N.º 6.241 estará condicionado al nivel de afectación de cada explotación. Según el artículo 2.º del decreto, podrán acogerse al régimen los productores de Salta cuyos cultivos hayan sufrido daños superiores al 50% como consecuencia del fenómeno climático.
Para iniciar el trámite, los damnificados deberán presentar una denuncia de daños con carácter de Declaración Jurada. El plazo establecido es de 20 días hábiles posteriores a la publicación del decreto en el Boletín Oficial, que se realizó el 29 de octubre de 2026. Por lo tanto, los productores alcanzados deberán considerar ese período para formalizar sus presentaciones y acreditar los perjuicios sufridos.
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, dependiente del Ministerio de Producción y Minería de Salta, será la encargada de recibir y controlar la documentación presentada. También tendrá a su cargo la emisión de las certificaciones correspondientes, necesarias para instrumentar el acceso a los beneficios previstos por la normativa.
Una respuesta ante las pérdidas productivas
La emergencia agropecuaria constituye una herramienta para atender la situación de los establecimientos que registraron daños significativos en sus cultivos. La inclusión de cuatro departamentos de Salta y de dos grandes grupos de actividades productivas permite abarcar una parte relevante de las explotaciones perjudicadas por las heladas.
Con una vigencia que se extenderá hasta marzo de 2028, la medida establece un marco de asistencia para los productores que cumplan las condiciones exigidas. La presentación de las declaraciones juradas y la certificación oficial de los daños serán pasos centrales para determinar quiénes podrán acceder a los beneficios contemplados en la legislación de Salta.
