Ecocidio: el Consejo Agroindustrial pidió frenar el proyecto en el Senado
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) expresó su “profunda preocupación” por el avance en el Senado de un proyecto que propone incorporar la figura de “ecocidio” al Código Penal y solicitó formalmente que el dictamen no sea tratado en el recinto. Para la entidad, la redacción actual podría generar inseguridad jurídica y alcanzar a actividades productivas que hoy operan bajo normas y autorizaciones vigentes.
La posición fue comunicada mediante una nota enviada a los senadores nacionales, en la que el Consejo cuestionó el dictamen de mayoría de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable. El texto corresponde a la Orden del Día Nº 122/2026, expediente S-1064/25, y plantea la incorporación de nuevos delitos ambientales al Código Penal.
El temor a que una falta administrativa se convierta en delito
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la amplitud de la figura de ecocidio propuesta. El CAA advirtió que el dictamen contempla daños ambientales producidos mediante la violación de “cualquier normativa vigente de protección ambiental y sus reglamentaciones”, una formulación que, según la entidad, podría abrir un escenario de fuerte incertidumbre.
El Consejo sostiene que, con esa redacción de lo que se considera ecocidio, el incumplimiento de una resolución administrativa o incluso de una ordenanza municipal podría transformarse en el punto de partida de un delito federal, con penas previstas de entre tres y diez años de prisión.
Para el sector, el problema es que no existirían parámetros suficientemente precisos para establecer cuándo una conducta supera el ámbito de una infracción administrativa y pasa a constituir un delito penal. La preocupación central es que actividades productivas legales y autorizadas puedan quedar expuestas a interpretaciones judiciales diferentes, según la jurisdicción o el criterio aplicado en cada caso.
Remediar el daño podría no evitar la sanción
Otro punto cuestionado por el CAA en torno al ecocidio es la definición de “daño ambiental irreversible” incluida en el proyecto. Según la entidad, el dictamen establece que esa condición podría configurarse independientemente de las medidas de mitigación o remediación que se adopten posteriormente.
Para el Consejo Agroindustrial, esta formulación genera una contradicción con los incentivos para reparar un daño. Una empresa podría invertir recursos en recomponer un área afectada y, aun así, esa acción no impediría la configuración del tipo penal agravado, que contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión.
La entidad advierte que el sistema debería reconocer y promover la reparación ambiental. De lo contrario, sostiene, podría desalentarse la inversión en medidas de remediación si estas no tienen ningún efecto sobre la eventual responsabilidad penal.
El ecocidio culposo, otro foco de preocupación
La presentación también cuestiona la incorporación del denominado “ecocidio culposo”, que permitiría perseguir penalmente conductas originadas por imprudencia, negligencia, impericia o incumplimiento de determinados deberes.
Según el CAA, bajo la figura de ecocidio culposo podrían quedar expuestos directivos, ingenieros y técnicos ante situaciones no intencionales. Entre los casos mencionados aparecen fallas técnicas, accidentes de transporte, errores en estudios de impacto ambiental e incluso eventos climáticos extremos que no pudieron ser anticipados.
Sanciones que podrían golpear a empresas y pymes
El CAA también puso el foco en las sanciones previstas para las personas jurídicas. El proyecto contempla la posibilidad de suspender total o parcialmente las actividades por hasta diez años, aplicar inhabilitaciones, retirar beneficios estatales y establecer fuertes multas.
Cuando no pueda determinarse el beneficio indebido obtenido, la multa podría ubicarse entre el 10% y el 20% del capital social suscripto. Para el Consejo, este mecanismo podría tener efectos confiscatorios y generar una situación de “quiebra técnica” para empresas y pymes incluso antes de que exista una sentencia firme.
El pedido: mayor precisión antes de avanzar
Uno de los argumentos centrales del Consejo Agroindustrial es la necesidad de diferenciar entre impacto ambiental y daño ambiental. Según la entidad, toda actividad humana produce algún tipo de impacto, mientras que el daño debería implicar una alteración negativa relevante y antijurídica.
El CAA cuestionó además conceptos como “daño especialmente grave”, “deterioros severos”, “extensión espacial” y “duración temporal”, al considerar que carecen de umbrales cuantitativos y estándares técnicos objetivos.
