Crece el rechazo al proyecto de ecocidio y la agroindustria pide frenar su tratamiento en el Senado
La polémica por el proyecto de ley que busca incorporar la figura del ecocidio al Código Penal continúa escalando y suma nuevas voces críticas dentro del sector productivo. Aunque los senadores de La Libertad Avanza que habían acompañado inicialmente el dictamen retiraron posteriormente sus firmas y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que la iniciativa no avanzará en el recinto en su versión actual, las principales entidades agroindustriales mantienen su preocupación.
En las últimas horas, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) enviaron una carta a los integrantes del Senado en la que solicitaron formalmente que el proyecto de ecocidio no sea tratado y vuelva a comisión para una revisión integral.
Reclamo por mayor seguridad jurídica
La nota enviada a los senadores lleva las firmas del presidente del CAA, Gustavo Idígoras, y de la titular de Copal, Carla Bonito. En el documento expresan la “profunda preocupación” del sector ante el avance parlamentario del proyecto impulsado por la senadora chubutense Edith Terenzi.
Si bien ambas organizaciones manifestaron su respaldo a las políticas destinadas a proteger los recursos naturales, cuestionaron con dureza la redacción de la propuesta. Según sostienen, el texto presenta “graves defectos de técnica legislativa” que podrían afectar la previsibilidad necesaria para el desarrollo de inversiones y actividades productivas.
Las entidades consideran que la iniciativa introduce conceptos jurídicos ambiguos y abre la puerta a interpretaciones amplias que podrían derivar en conflictos judiciales de difícil resolución. A su entender, la falta de precisión normativa compromete principios básicos del derecho penal.
Cuestionamientos a la definición de ecocidio
Uno de los principales ejes de las críticas se concentra en la definición misma del delito de ecocidio. Para Copal y el CAA, el proyecto vulnera el principio de taxatividad penal al incorporar conceptos abiertos, amplios y sujetos a múltiples interpretaciones.
Las organizaciones sostienen que, tal como está redactada la propuesta, incluso el incumplimiento de una resolución administrativa o una ordenanza municipal podría convertirse en el punto de partida para una causa penal federal con penas de prisión.
Además, cuestionan la utilización de términos como “daño especialmente grave”, “deterioros severos”, “extensión espacial” o “duración temporal”, al considerar que carecen de parámetros técnicos objetivos que permitan una aplicación uniforme en todo el país.
El impacto sobre las actividades productivas
Otro de los aspectos señalados por las entidades es la posibilidad de que la norma termine afectando actividades actualmente autorizadas por la legislación vigente. Según indican, el proyecto no establece una diferenciación clara entre impacto ambiental y daño ambiental.
Para el sector agroindustrial, esta situación podría derivar en la criminalización de prácticas productivas que cuentan con habilitación de las autoridades competentes. La preocupación radica en que determinadas actividades podrían quedar expuestas a procesos penales aun cuando operen dentro del marco regulatorio vigente.
Penas, responsabilidad empresaria y ecocidio culposo
La iniciativa propone crear un nuevo capítulo de “Delitos contra el ambiente” dentro del Código Penal. Entre las sanciones previstas figuran penas de entre tres y diez años de prisión para daños ambientales graves y de cinco a quince años cuando se considere que el daño es irreversible.
Además, las penas podrían llegar a 25 años de prisión en situaciones que provoquen fallecimientos. Uno de los puntos más cuestionados es la incorporación de la figura del denominado ecocidio culposo, que contempla sanciones por imprudencia, negligencia, impericia o incumplimiento de deberes.
Las entidades consideran que esta disposición podría exponer a directivos, técnicos y profesionales a procesos penales por contingencias operativas no intencionales, alterando la lógica tradicional de atribución de responsabilidades.
Pedido de volver a comisión
En otro tramo de la carta, Copal y el CAA advirtieron sobre el posible uso político y judicial de la figura del ecocidio por parte de organizaciones que mantienen posiciones críticas respecto de determinadas actividades económicas.
Por este motivo, las entidades solicitaron formalmente que el proyecto sobre la figura de ecocidio no sea tratado en el recinto y regrese a comisión para abrir una discusión técnica más amplia y especializada.
El sector reclama un debate que incorpore fundamentos científicos, criterios jurídicos precisos y la participación de especialistas de distintas disciplinas. El objetivo, sostienen, es encontrar un equilibrio entre la protección ambiental y la seguridad jurídica necesaria para garantizar la continuidad de las actividades productivas.
