Pesca ilegal: el Gobierno ya recibió más de $5381 millones en sanciones
El Gobierno informó que, en lo que va del año, recibió $5.381.374.680 en concepto de compensaciones por sanciones aplicadas a buques extranjeros que operaron de manera irregular en aguas argentinas. La cifra refleja el resultado económico de los controles desplegados dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), en el marco de una política oficial que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca definió como de “tolerancia cero” frente a la pesca ilegal.
Desde el Gobierno señalaron que el objetivo de las medidas no se limita a aplicar multas. La estrategia apunta a defender la soberanía sobre los recursos marinos, garantizar el cumplimiento de la legislación argentina y proteger a la actividad pesquera nacional frente a embarcaciones que ingresan o desarrollan operaciones sin respetar las normas vigentes.
El anuncio fue valorado por referentes de la pesca, que destacaron el trabajo de los organismos encargados de la vigilancia y el control. Sin embargo, también plantearon que el próximo desafío será más complejo: avanzar sobre el esfuerzo pesquero que se desarrolla en la zona adyacente a la jurisdicción argentina, donde operan numerosas embarcaciones extranjeras.
Cuatro buques sancionados en aguas argentinas
La última sanción informada por el Gobierno alcanzó al buque “Hai Xiang 2”, de bandera de Vanuatu, detectado mientras operaba dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina. La medida fue adoptada en cumplimiento de la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca.
Por situaciones similares también fueron sancionadas las embarcaciones “Bao Feng” y “Bao Win”, ambas con bandera de Vanuatu, y el buque “Coimbra”, de Portugal. Las compensaciones derivadas de estos y otros procedimientos realizados durante el año permitieron alcanzar los más de $5381 millones informados oficialmente.
Según la Secretaría de Agricultura, las sanciones forman parte de las acciones destinadas a prevenir y combatir la pesca ilegal. Además de su efecto disuasivo, las penalidades permiten recuperar para el Estado recursos económicos derivados del incumplimiento de la legislación argentina.
El respaldo del sector y un desafío pendiente
El debate sobre la pesca ilegal volvió a ganar relevancia durante este año. En febrero, una investigación periodística de LA NACIÓN difundió una denuncia del Círculo de Políticas Ambientales sobre empresas de capital extranjero vinculadas con antecedentes de pesca ilegal y su participación en embarcaciones que operaban bajo bandera argentina.
De acuerdo con los registros citados en aquella investigación, el 68% de los barcos poteros de bandera argentina tenía capital de empresas asiáticas, principalmente chinas. El dato volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre el control de los recursos marítimos y la composición empresaria de parte de la flota que opera en el país.
En este contexto, Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), destacó las sanciones aplicadas. “Es un avance muy positivo y un gran trabajo tanto de las fuerzas de policía y seguridad como de la Subsecretaría de Pesca de la Nación”, afirmó.
La zona adyacente, el próximo objetivo
Para el sector pesquero, el desafío más importante está ahora fuera de la jurisdicción directa argentina. Boiero planteó la necesidad de encontrar mecanismos para regular el esfuerzo pesquero en la zona adyacente y alcanzar acuerdos con los países cuyos buques operan en esa área.
El objetivo, según explicó, sería reducir la presión sobre los recursos y evitar que las embarcaciones que trabajan fuera de la zona económica exclusiva realicen incursiones dentro de aguas argentinas. Se trata de un problema de mayor complejidad, ya que requiere mecanismos de coordinación internacional.
La cifra de más de $5381 millones recuperados por sanciones muestra que los controles dentro de la ZEEA están teniendo consecuencias económicas concretas para los infractores. Pero también deja planteado el siguiente interrogante para la política pesquera: cómo extender la capacidad de prevención más allá de las fronteras marítimas.
Para el Gobierno, la estrategia actual apunta a consolidar una señal de control y fiscalización permanente. Para la industria, el paso siguiente será lograr que esa defensa de los recursos argentinos también pueda complementarse con acuerdos internacionales capaces de ordenar la pesca en la zona adyacente.
