El Gobierno frenó el paro aceitero con conciliación obligatoria en el Gran Rosario
El Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria por quince días luego de un sorpresivo paro lanzado por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) del Departamento San Lorenzo, en el principal polo agroexportador del país. La medida de fuerza afectó por algunas horas la actividad en terminales portuarias y plantas aceiteras del Gran Rosario, una zona clave para el ingreso de divisas de la Argentina.
El conflicto que derivó en el paro se produjo en medio de una negociación salarial entre el gremio y las empresas exportadoras de granos y subproductos. Los trabajadores reclaman una recomposición del 20%, mientras que las compañías aseguran haber otorgado incrementos por encima de la inflación y proponen actualizar los salarios mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La protesta fue impulsada de manera conjunta por el SOEA y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines. El paro coincidió con el avance de una cosecha récord y encendió alarmas en uno de los sectores más estratégicos de la economía argentina, debido a su peso en las exportaciones agroindustriales.
El reclamo sindical y la defensa del salario
La decisión de iniciar el paro fue tomada tras una asamblea de trabajadores, luego de que el gremio calificara como “provocadora” la oferta presentada por las empresas. Según denunciaron desde el sindicato, la propuesta contemplaba un aumento del 0% para mayo y ajustes atados únicamente a la inflación desde junio.
“No vamos a permitir que se siga dilatando una recomposición salarial justa mientras el esfuerzo de los aceiteros sostiene la producción y las ganancias del sector”, señalaron desde SOEA en un comunicado difundido tras el inicio de la medida de fuerza. Además, remarcaron que el paro se llevó adelante “en defensa del salario, las condiciones laborales y la dignidad de los trabajadores”.
Fuentes gremiales indicaron que el reclamo central apunta a una suba salarial del 20%. También precisaron que la medida comenzó a implementarse en todas las terminales portuarias aceiteras y de biodiésel del Departamento San Lorenzo, aunque su continuidad iba a ser evaluada diariamente mediante asambleas permanentes con delegados sindicales.
La respuesta empresaria y las cifras del sector
Desde la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) rechazaron el paro y defendieron la propuesta salarial presentada en la negociación. Las empresas sostienen que los trabajadores aceiteros perciben remuneraciones muy superiores al promedio del empleo privado registrado.
Según detallaron, la categoría inicial del sector parte de salarios de 2,34 millones de pesos, un 67% por encima del promedio del empleo formal privado, mientras que en categorías superiores la diferencia llega al 117%. Además, aseguraron que el salario promedio ponderado de la actividad alcanza actualmente los 4,9 millones de pesos.
Los exportadores también señalaron que entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 el salario aceitero acumuló un incremento del 361%, frente a una inflación del 299%. En paralelo, indicaron que desde enero de este año los haberes crecieron 13,5%, por encima del IPC acumulado de 12,3%, y recordaron que se otorgó un anticipo promedio de 600.000 pesos por trabajador para compensar la inflación del primer semestre.
La conciliación obligatoria y el impacto económico
Las empresas calificaron de “desorbitante” el pedido gremial y advirtieron que una suba del 20% implicaría proyectar una inflación anual del 34,6%, en un contexto donde la soja en pesos cayó 9% entre enero y mayo. También alertaron sobre una retracción en la actividad industrial: la molienda de soja durante el primer trimestre de 2026 fue 9% menor que en igual período del año pasado.
Desde Ciara-CEC afirmaron además que “cada día de paro significa menos salarios para los trabajadores”, con una pérdida estimada de 160.000 pesos diarios por empleado. Incluso fueron más allá y sostuvieron que “este conflicto ya no es salarial, sino político”, vinculándolo con cuestionamientos a la política económica del Gobierno nacional.
Frente al riesgo de una paralización prolongada en el principal nodo exportador agroindustrial del país, el Ministerio de Capital Humano intervino rápidamente y dictó la conciliación obligatoria por quince días.
