Ley de Tierras: el oficialismo flexibiliza el proyecto y busca destrabar una votación clave en el Senado
El oficialismo llegará este jueves a una sesión decisiva en el Senado con una modificación de último momento en el proyecto de ley sobre propiedad privada, conocida popularmente como Ley de Tierras. Tras negociar con bloques aliados, aceptó elevar del 15% al 25% el límite para la tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros, en un intento por reunir los votos necesarios para aprobar una iniciativa que también introduce cambios en materia de expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
El cambio busca destrabar una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que será debatida en la sesión prevista para este jueves. Sin embargo, el oficialismo todavía mantiene incertidumbre sobre los votos necesarios para aprobar el proyecto de Ley de Tierras y también enfrenta el desafío de sostener el quórum hasta el momento de la definición.
Un cambio para acercar posiciones
Durante una conferencia de prensa, Patricia Bullrich confirmó que la nueva versión del proyecto fija un límite del 25% para la propiedad de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras, reemplazando el tope vigente del 15%.
La senadora evitó precisar cuántos apoyos tiene asegurados el oficialismo, aunque dejó entrever que confía en reunir las voluntades suficientes para avanzar con la iniciativa cuando el Senado retome la sesión que había quedado en cuarto intermedio desde julio.
El tratamiento de la Ley de Tierras llega luego de un extenso proceso de modificaciones. Desde la emisión del dictamen en mayo circularon al menos 17 versiones distintas del texto, reflejando las dificultades del Gobierno para alcanzar consensos tanto con bloques dialoguistas como con representantes de las provincias.
Qué establece la nueva versión del proyecto
El texto de la Ley de Tierras mantiene una de las restricciones centrales de la legislación actual: los Estados extranjeros seguirán impedidos de adquirir tierras rurales en la Argentina.
No obstante, sí habilita la compra por parte de personas jurídicas con participación estatal extranjera, aunque establece que esas operaciones deberán contar con la autorización tanto de la provincia donde se ubique el inmueble como del Poder Ejecutivo Nacional.
Además, el proyecto incorpora una limitación institucional. La autorización nacional no podrá ser delegada en funcionarios con rango inferior al de secretario de Estado, un punto que Bullrich destacó durante la presentación como una garantía adicional de control sobre este tipo de operaciones.
El aspecto más relevante de la Ley de Tierras es que la superficie total de tierras rurales en manos extranjeras no podrá superar el 25% de cada provincia, porcentaje que reemplaza el límite vigente y constituye uno de los principales cambios respecto del régimen actual.
Más protagonismo para las provincias
Otra de las modificaciones apunta a responder los planteos realizados por varios gobernadores durante la discusión parlamentaria. El proyecto fortalece el rol de las provincias en la autorización y regulación de las operaciones inmobiliarias vinculadas con tierras rurales.
De aprobarse la iniciativa, cada adquisición deberá inscribirse en los registros inmobiliarios provinciales, donde se consignarán los datos y la nacionalidad del comprador. En los casos de empresas con participación estatal extranjera también deberá incorporarse la autorización emitida por la provincia y por el Gobierno nacional.
Uno de los cambios más significativos es la eliminación del límite uniforme de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, ya que serán las provincias las que definan los alcances de las autorizaciones dentro del porcentaje máximo permitido.
Una ley que va mucho más allá de la venta de tierras
Aunque el debate público se concentró en la participación extranjera sobre las tierras rurales, el proyecto de Ley de Tierras incluye modificaciones de amplio alcance sobre el régimen de propiedad privada.
Entre otros aspectos, la iniciativa impulsa cambios en materia de expropiaciones, agiliza los procedimientos de desalojo y modifica la denominada Ley de Manejo del Fuego, eliminando restricciones que impedían durante décadas determinados usos de terrenos afectados por incendios.
Con números todavía ajustados y negociaciones abiertas hasta último momento, el oficialismo afrontará una sesión decisiva en el Senado, donde no solo deberá conseguir los votos para aprobar la Ley de Tierras, sino también garantizar la permanencia del quórum durante toda la discusión.
