Volvió a frenarse la reforma de la Ley de Tierras y crece el rechazo del campo
El Gobierno nacional sufrió un nuevo revés en su intento de modificar la Ley de Tierras. El Senado volvió a postergar el tratamiento del proyecto de “Inviolabilidad de la propiedad privada”, una iniciativa que propone flexibilizar las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La falta de respaldo parlamentario obligó a La Libertad Avanza (LLA) a retirar el debate previsto para este jueves y buscar una nueva oportunidad el próximo 6 de agosto.
La propuesta, impulsada principalmente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, constituye uno de los puntos más controvertidos de la agenda legislativa del oficialismo. El proyecto plantea cambios sustanciales en la Ley 26.737, vigente desde 2011, que establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. La iniciativa ya había enfrentado obstáculos en intentos anteriores y, una vez más, no logró reunir los votos necesarios para avanzar en el recinto.
El oficialismo no consiguió respaldo para avanzar
El proyecto forma parte de la denominada ley de “Inviolabilidad de la propiedad privada”, aunque el capítulo referido a la Ley de Tierras concentra la mayor parte de las diferencias políticas. La reforma propone eliminar los límites actuales para la compra de campos por parte de extranjeros y trasladar la facultad de autorizar o rechazar esas operaciones a las provincias o al Gobierno nacional, en lugar de mantener las restricciones establecidas por la normativa vigente.
La posibilidad de modificar ese esquema generó cuestionamientos no solo de la oposición, sino también dentro de algunos sectores que acompañan al oficialismo. Frente a ese escenario, el Gobierno optó por no exponer el proyecto de Ley de Tierras a una votación que podía terminar en una derrota parlamentaria, por lo que decidió postergar nuevamente el tratamiento.
El objetivo oficial sigue siendo avanzar con la reforma durante las próximas semanas. Por ese motivo, el próximo intento quedó previsto para el 6 de agosto, fecha en la que el oficialismo buscará reunir los consensos necesarios para llevar la iniciativa nuevamente al recinto.
Federación Agraria volvió a rechazar la iniciativa
Mientras el proyecto volvía a quedar en suspenso, Federación Agraria Argentina (FAA) reiteró su rechazo a la Ley de Tierras y expresó una “profunda preocupación” por los cambios propuestos, al considerar que podrían afectar aspectos vinculados con la soberanía nacional y la seguridad.
La entidad presidida por Andrea Sarnari recordó que la Ley 26.737 fue sancionada precisamente para establecer límites a la extranjerización de la tierra y fijó porcentajes máximos para la propiedad rural en manos extranjeras, además de condiciones específicas para determinadas zonas del país.
Según la organización, la propuesta del Poder Ejecutivo elimina esos límites y habilita una mayor concentración de tierras por parte de capitales extranjeros, dejando la decisión final sobre cada operación en manos de las autoridades provinciales o nacionales.
El debate también alcanza al agua y al arraigo rural
La Federación Agraria también cuestionó que el proyecto de Ley de Tierras elimine las consideraciones especiales que actualmente contempla para los inmuebles que poseen cuerpos de agua. Según la entidad, la modificación no solo tendría impacto sobre la propiedad de la tierra, sino también sobre el acceso y control de recursos hídricos considerados estratégicos.
En ese sentido, recordó que apoyó la sanción de la Ley de Tierras en 2011 porque entendía que ofrecía herramientas para proteger los recursos naturales y evitar que empresas extranjeras con mayor capacidad financiera desplazaran a productores locales del mercado inmobiliario rural.
Para la organización, la Ley de Tierras vigente también contribuye al arraigo, al desarrollo de las economías regionales y a preservar la propiedad nacional sobre recursos considerados estratégicos, por lo que considera inconveniente modificar esos principios.
Con el nuevo aplazamiento legislativo, el debate sobre la reforma de la Ley de Tierras permanece abierto. Mientras el Gobierno insiste en avanzar con una mayor desregulación del mercado inmobiliario rural, entidades como Federación Agraria mantienen una firme oposición y advierten sobre las consecuencias que podría tener una flexibilización de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.
