La caída del capítulo sobre ley de tierras encendió una alerta política en el Gobierno
La decisión del oficialismo de retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que habilitaba una mayor apertura a la venta de tierras rurales a extranjeros dejó algo más que una derrota legislativa. En la Casa Rosada comenzaron a analizar el impacto político del revés sobre lo conocido popularmente como ley de tierras y, especialmente, el comportamiento de gobernadores que hasta ahora habían acompañado al Gobierno en votaciones clave.
Si bien en el Ejecutivo sostienen que el vínculo con las provincias no quedó dañado, admiten que el episodio representa una advertencia de cara a futuras negociaciones parlamentarias, especialmente en proyectos considerados estratégicos, como la reforma política y la eventual suspensión de las PASO.
Una negociación que se desmoronó en pocas horas
El oficialismo llegó al Senado convencido de que podía reunir los apoyos necesarios para mantener el polémico capítulo sobre ley de tierras. Sin embargo, la resistencia pública de distintos sectores políticos y el cambio de postura de varios gobernadores aliados terminaron modificando el escenario y obligaron al Gobierno a resignar uno de los puntos centrales de la iniciativa.
Según reconstruyeron operadores políticos de la Casa Rosada, las dificultades comenzaron a hacerse evidentes durante las últimas horas de negociación. “La negociación se cayó como un castillo de naipes. Se salió uno y se cayeron todos“, resumió de acuerdo a Infobae uno de los principales negociadores del oficialismo al describir cómo se desarmó el esquema de apoyos.
En el Gobierno consideran que la derrota tuvo un fuerte impacto simbólico, ya que el Ejecutivo terminó retirando un artículo que defendía como prioritario. Sin embargo, sostienen que el problema fue más político que legislativo, debido a que varios gobernadores que inicialmente respaldaban la propuesta de ley de tierras optaron finalmente por tomar distancia para evitar el costo de avalar una medida cuestionada por la opinión pública.
La preocupación apunta a las próximas reformas
Pese al revés, en los despachos oficiales insisten en que no existe una ruptura con los mandatarios provinciales y califican lo sucedido como un episodio excepcional, producto de errores políticos y de un contexto particularmente sensible.
No obstante, en la Casa Rosada admiten que un nuevo traspié de características similares podría alterar el equilibrio de fuerzas y complicar la aprobación de futuras iniciativas en el Congreso. Entre las principales preocupaciones aparece la reforma política, especialmente el proyecto para suspender las PASO.
Dentro del oficialismo creen que si se instala una imagen de debilidad parlamentaria, los gobernadores podrían endurecer sus posiciones y elevar el costo político de cada negociación, aprovechando un escenario más favorable para exigir concesiones.
El cambio de clima respecto del inicio del año
La situación en torno a la ley de tierras contrasta con el escenario que el Gobierno atravesó durante las sesiones extraordinarias del verano, cuando logró aprobar proyectos de alto impacto como la Ley de Modernización Laboral, considerada una de las principales victorias legislativas de la administración de Javier Milei.
Con el avance del calendario electoral, esa capacidad de negociación comenzó a modificarse. Incluso, dirigentes del propio oficialismo ya habían anticipado meses atrás que sería difícil avanzar con más de tres o cuatro reformas estructurales durante el año, al prever que los gobernadores tendrían mayores incentivos para diferenciarse del Gobierno.
Los gobernadores que marcaron el límite a la ley de tierras
El rechazo a la ley de tierras estuvo encabezado por gobernadores que, hasta ahora, habían acompañado al oficialismo en distintas votaciones, entre ellos Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones).
Todos ellos instruyeron a los senadores de sus provincias a votar en contra de cualquier modificación que facilitara la venta de tierras rurales a extranjeros. Passalacqua sintetizó esa postura al afirmar que “lo que amamos no se vende”, mientras que Jaldo, Figueroa y Sáenz también hicieron públicas sus diferencias con la iniciativa impulsada por el Gobierno.
La resistencia a la ley de tierras se amplió con el rechazo de legisladores de distintos bloques, entre ellos Alejandra Vigo, Flavio Fama, Daniel Kroneberger y Maximiliano Abad, quienes coincidieron en cuestionar la eliminación de restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
