Presupuesto 2027: el agro reclama alivio fiscal y apunta al IVA


De cara al debate del Presupuesto Nacional 2027, el sector agropecuario busca instalar en el Congreso una discusión que excede a las retenciones y alcanza al conjunto de la estructura tributaria. La Fundación Barbechando reunió a legisladores de distintos bloques para analizar los principales problemas que afectan a la actividad, con especial atención sobre la presión impositiva y los saldos de IVA que permanecen inmovilizados.

La agenda pensando en el Presupuesto 2027 también incluyó cuestiones vinculadas con logística, infraestructura vial, transporte de cargas, educación e innovación. Sin embargo, la carga tributaria concentró buena parte del encuentro, a partir de los datos del último Índice de FADA. Según ese relevamiento, el agro destina en promedio el 62% de su renta al pago de impuestos, aunque la presión presenta diferencias importantes según el cultivo y la región.

Una carga tributaria que llega al 74% de la renta

Antonela Semadini, economista de FADA, explicó que los impuestos no coparticipables continúan teniendo el mayor peso dentro de la estructura tributaria que enfrenta el productor. Los números expuestos durante la jornada muestran diferencias significativas: el trigo soporta una carga cercana al 74% de su renta, mientras que el girasol alcanza el 68%, la soja el 62% y el maíz el 60%.

La distribución de los resultados económicos de una hectárea permite dimensionar el impacto. De acuerdo con los datos presentados, solo el 8% de la renta queda como ganancia del productor, mientras que alrededor del 30% corresponde al alquiler de la tierra y el Estado concentra la mayor proporción mediante impuestos.

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El IVA, un costo que queda inmovilizado

Durante el encuentro en torno al debate del Presupuesto 2027 surgió además un problema menos visible que la presión tributaria tradicional: los créditos fiscales que los productores acumulan frente al Estado y no pueden recuperar rápidamente. El contador tributarista Mariano Echegaray puso el foco sobre el saldo técnico de IVA, el saldo de libre disponibilidad y los costos administrativos asociados al sistema.

La propia estructura del negocio explica parte de la acumulación. Los productores adquieren insumos gravados con una alícuota de IVA del 21%, mientras que la venta de granos tributa al 10,5%. A esa diferencia se suman la estacionalidad de la actividad, las necesidades de capital de trabajo y las inversiones en bienes de capital.

Según un relevamiento de CREA citado durante la jornada, el saldo técnico alcanza un promedio de $36.500 por hectárea. Para la agricultura extensiva, eso equivaldría a unos US$770 millones inmovilizados al cierre de la campaña 2025/26.

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Una devolución de IVA que perdió poder real

Otro de los cuestionamientos en relación al Presupuesto estuvo relacionado con la partida presupuestaria destinada a devolver saldos de IVA vinculados con inversiones en bienes de capital. Según Echegaray, el mecanismo perdió más del 90% de su poder de compra medido en dólares entre 2019 y 2026. En aquel año, la partida era de $15.000 millones, equivalentes a unos US$394 millones, mientras que para 2026 llegó a $30.000 millones, pero representa alrededor de US$21 millones.

La pérdida de capacidad del instrumento queda todavía más expuesta frente al nivel de inversión del sector. Durante el primer semestre de 2026, la inversión en maquinaria agrícola alcanzó $1.381.300 millones, mientras que los recursos destinados a devolver saldos de IVA no cubrirían el 20% de la inmovilización total, según el planteo presentado.

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Presupuesto 2027: reclamo por financiamiento y una reforma integral

De cara al Presupuesto 2027, el problema también alcanza al saldo de libre disponibilidad. Cuando el productor comercializa su producción, puede sufrir retenciones de entre el 5% y el 8% del IVA, según su situación dentro del SISA. Esos fondos quedan a su favor y su devolución puede demorar, en el mejor de los casos, unos 75 días. Para el agro, además del monto retenido, existe un costo financiero por mantener recursos inmovilizados que podrían destinarse a insumos, labores, arrendamientos o inversiones.

Frente a este escenario, durante la jornada surgió una propuesta concreta: convertir el saldo técnico de IVA en un bono utilizable como garantía para acceder a financiamiento. Desde Barbechando plantearon que el Presupuesto 2027 puede convertirse en una oportunidad para discutir estas herramientas y avanzar hacia una reforma impositiva que reduzca costos y mejore la competitividad.