Entre Ríos avanza con una ley de fitosanitarios más estricta y tecnológica
La provincia de Entre Ríos puso en marcha la Ley 11.178, un nuevo esquema regulatorio para el uso y manipulación de fitosanitarios que busca elevar los estándares de control, seguridad y trazabilidad. Según explicó la secretaria de Agricultura, Carina Gallegos, la normativa apunta a proteger el ambiente y la salud de las personas, al tiempo que profesionaliza toda la cadena productiva.
Uno de los cambios más relevantes es la ampliación del universo de actores alcanzados. La ley establece la obligatoriedad de registro para diez tipos de participantes, quienes deberán estar debidamente inscriptos, habilitados y capacitados. El objetivo es claro: garantizar la trazabilidad en cada etapa, desde la comercialización hasta la aplicación y el transporte de los fitosanitarios.
Más controles y rol clave del asesor fitosanitario
El nuevo marco incorpora un sistema de control más exhaustivo, que combina herramientas tecnológicas con supervisión presencial. En este esquema, el asesor fitosanitario adquiere un papel central como garante del cumplimiento normativo en el campo.
Entre sus funciones, se destaca la verificación de condiciones meteorológicas, la correcta regulación de los equipos y el respeto de aspectos críticos como los períodos de carencia, el estado de los cultivos y las distancias de aplicación. La ley refuerza la idea de que la aplicación de fitosanitarios debe ser una práctica controlada y profesional, con responsabilidad técnica en cada intervención.
De una lógica productiva a una visión integral
Gallegos señaló que la normativa anterior de fitosanitarios respondía a un enfoque más orientado a la producción, acorde al contexto de su creación. Sin embargo, destacó que fue pionera en el país. Con el paso del tiempo, la evolución tecnológica y las nuevas demandas sociales impulsaron la necesidad de una actualización, que derivó en la actual ley.
Entre las principales innovaciones, se destaca la incorporación de drones como herramienta de aplicación, inexistente en la legislación previa. Además, se introduce una segmentación más precisa de las áreas sensibles, que ahora se clasifican en cuatro categorías según la presencia de personas.
Zonas sensibles y restricciones diferenciadas
A partir de esta nueva clasificación, la ley establece zonas de exclusión y de amortiguamiento con restricciones específicas. En las áreas de amortiguamiento, por ejemplo, solo se permite el uso de fitosanitarios de menor toxicidad, junto con el cumplimiento de condiciones adicionales que refuerzan la protección.
Las distancias de aplicación varían según el tipo de equipo utilizado —ya sea mochila, terrestre, aérea o dron— y el entorno a proteger. Este enfoque permite ajustar las prácticas a cada situación, reduciendo riesgos y mejorando la eficiencia.
Además, todas las aplicaciones deben realizarse con productos registrados ante el SENASA, contar con receta agronómica obligatoria y respetar los protocolos de buenas prácticas.
Drones bajo regulación estricta
Uno de los puntos más innovadores de la ley es la regulación del uso de drones en aplicaciones fitosanitarias. En la provincia de Entre Ríos, los operadores deberán contar tanto con el carnet de aplicador como con licencia de piloto, una exigencia que busca garantizar la seguridad integral.
“No es menor la operación en el espacio aéreo”, advirtió Gallegos, al señalar los riesgos vinculados a interferencias con otros equipos, tendidos eléctricos o zonas pobladas. Esta decisión coloca a la provincia en una posición más estricta que otras jurisdicciones, alineada con la normativa aeronáutica vigente.
Capacitación obligatoria y diferenciada
La formación de los operadores es otro pilar de la normativa. Las capacitaciones serán obligatorias y específicas según el tipo de aplicación, abarcando desde equipos terrestres hasta drones y mochilas.
Durante 2025 ya se realizaron cursos orientados a operadores de drones, y este año se ampliará la oferta a otros perfiles. Incluso quienes utilicen más de un sistema deberán capacitarse en cada uno. El objetivo es asegurar una formación continua que acompañe la evolución tecnológica del sector.
La implementación de la ley de fitosanitarios generó algunas resistencias, especialmente por la ampliación de registros y la exigencia de mayor información. A diferencia del sistema anterior, la nueva normativa incorpora actores que antes no estaban incluidos, como operarios y asesores, y solicita datos detallados sobre los equipos.
