El Gobierno eliminó el Registro de Operadores Lácteos y profundiza la desregulación del sector
El Gobierno nacional derogó el Registro de Operadores Lácteos, un sistema que estuvo vigente durante casi dos décadas y que obligaba a inscribirse a las empresas y actores vinculados con la industrialización y comercialización de leche y productos derivados. La medida fue oficializada mediante la Resolución 81/2026 y se fundamenta en que el registro había perdido operatividad y capacidad de control efectiva, según sostuvo la Secretaría de Agricultura.
La decisión forma parte del proceso de desregulación impulsado por la administración nacional y elimina una herramienta creada en 2006 para fiscalizar la actividad láctea. Desde el Gobierno argumentaron que el esquema dejó de cumplir los objetivos para los que había sido diseñado y que su continuidad generaba costos administrativos sin aportar resultados concretos.
Un sistema creado para controlar la actividad
El Registro de Operadores Lácteos había sido establecido a través de dos normativas dictadas en 2006 por la entonces Secretaría de Agricultura y la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca). Su finalidad era ordenar y fiscalizar la comercialización e industrialización de la leche y sus derivados, mediante la inscripción obligatoria de los distintos operadores de la cadena.
La normativa buscaba generar reglas homogéneas para todos los participantes del sector y brindar herramientas de seguimiento sobre las actividades vinculadas a la producción, procesamiento y comercialización de productos lácteos.
Durante años, el Registro de Operadores Lácteos funcionó como uno de los mecanismos utilizados por el Estado para relevar información de la cadena. Sin embargo, según el diagnóstico oficial, los cambios institucionales ocurridos en las últimas décadas debilitaron su funcionamiento, hasta convertirlo en una herramienta de escasa utilidad práctica.
La disolución de la Oncca y el vacío legal
Uno de los argumentos centrales de la resolución se relaciona con las modificaciones que sufrió la estructura estatal desde la desaparición de la Oncca en 2011. Tras esa decisión, las funciones vinculadas a matriculación, registros y fiscalización fueron transferidas sucesivamente a distintos organismos públicos.
Según Agricultura, esos cambios derivaron en una limitación jurídica para ejercer controles y aplicar sanciones, ya que actualmente no existe una norma específica que establezca de manera expresa el régimen de fiscalización correspondiente al sector lácteo.
Un registro sin capacidad de fiscalización
La cartera agropecuaria señaló que la experiencia acumulada durante los últimos años puso en evidencia la falta de mecanismos efectivos para controlar y sancionar infracciones dentro del esquema vigente.
De acuerdo con los fundamentos de la medida, la ausencia de herramientas legales concretas impidió garantizar la actualización permanente de la información registrada por los operadores, afectando la calidad y confiabilidad de los datos disponibles.
Para el Gobierno, esta situación terminó vaciando de contenido al sistema. La resolución sostiene que el Registro de Operadores Lácteos carecía de aptitud para cumplir una función real de control comercial y que había quedado reducido a una herramienta meramente declarativa, sin capacidad operativa para cumplir con los objetivos originales.
Costos administrativos y simplificación normativa
Otro de los aspectos destacados en la resolución es el impacto administrativo que implicaba mantener vigente Registro de Operadores Lácteos que, según la evaluación oficial, no generaba beneficios concretos para la actividad.
El documento señala que la continuidad del registro comprometía principios de eficiencia y economicidad en la gestión pública, debido a que se destinaban recursos humanos y administrativos a sostener un instrumento que no producía efectos útiles de fiscalización.
Bajo esta interpretación, Agricultura concluyó que la permanencia del Registro de Operadores Lácteos resultaba injustificada y decidió avanzar con la derogación de las normas que le dieron origen.
Un nuevo paso en la agenda de desregulación
La decisión se inscribe dentro del proceso de revisión normativa impulsado por el Gobierno desde diciembre de 2023. En los fundamentos de la resolución se menciona que la eliminación de regulaciones consideradas innecesarias forma parte de la estrategia oficial para mejorar la competitividad y reducir intervenciones estatales sobre las actividades económicas.
La eliminación del Registro de Operadores Lácteos se suma a otras medidas adoptadas para el sector durante la actual gestión, entre ellas la eliminación definitiva de los derechos de exportación para la actividad láctea.
