La FAUBA alertó que eliminar el etiquetado frontal sería un retroceso para la salud pública
La posibilidad de que el Gobierno nacional impulse la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal volvió a encender el debate sobre alimentación saludable y acceso a la información nutricional. Desde la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) advirtieron que quitar la norma implicaría debilitar una herramienta que permitió identificar de manera rápida el exceso de azúcares, sodio y grasas en alimentos y bebidas que se comercializan en el país.
La Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable fue sancionada en 2021 y estableció la incorporación de sellos octogonales negros en los envases para advertir sobre nutrientes críticos en exceso. Además, incluyó advertencias por presencia de edulcorantes y cafeína. Para especialistas vinculados a la nutrición y la salud pública, la normativa mejoró la transparencia alimentaria y facilitó decisiones de consumo más conscientes, especialmente en sectores donde las tablas nutricionales tradicionales resultaban difíciles de interpretar.
Antes de la entrada en vigencia de la ley de etiquetado frontal, la información nutricional aparecía únicamente en la parte posterior de los envases y requería conocimientos específicos para comprenderla correctamente. Con el nuevo sistema, las advertencias pasaron a estar visibles en el frente de los productos, algo que para distintos especialistas significó un cambio importante en materia de acceso a información clara para los consumidores.
Los especialistas explican cómo funciona el sistema
Uno de los referentes que analizó el tema fue Fernando Andrés Grimaldi, licenciado en Gestión de Agroalimentos de la FAUBA. Según explicó, el objetivo central del etiquetado frontal es “garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada” mediante herramientas visuales simples y comprensibles. En ese sentido, los sellos fueron diseñados para advertir de manera inmediata sobre excesos de nutrientes críticos asociados a enfermedades crónicas no transmisibles.
Grimaldi trabaja en el análisis de fórmulas alimenticias y en la determinación de los sellos correspondientes según los parámetros establecidos por la normativa. El procedimiento comienza verificando si el producto contiene azúcares agregados, grasas, sodio, edulcorantes o cafeína. Luego se analiza si esos componentes superan los límites fijados por la ley de etiquetado frontal. Para los especialistas, el sistema permite comparar alimentos de forma mucho más rápida al momento de comprar.
El experto aclaró además que la presencia de octógonos no convierte automáticamente a un producto en perjudicial ni la ausencia de sellos lo vuelve necesariamente saludable. Las necesidades nutricionales cambian según cada persona y distintos factores de salud. Sin embargo, destacó que la herramienta facilita decisiones de consumo más informadas y mejora la comprensión de la composición nutricional de los alimentos.
El debate suma tensión entre salud pública e industria
La discusión sobre el futuro de la ley de etiquetado frontal volvió a enfrentar posiciones entre sectores académicos, sanitarios y parte de la industria alimenticia. Mientras algunos cuestionan el impacto económico y comercial del etiquetado frontal, desde distintos ámbitos relacionados con la salud sostienen que eliminarlo significaría perder una política pública orientada a transparentar la información nutricional de los productos.
Especialistas recuerdan además que la Argentina se sumó a una tendencia regional que ya aplicaron varios países de América Latina para enfrentar el crecimiento de enfermedades relacionadas con dietas altas en grasas, sodio y azúcares. En muchos casos, la implementación de los sellos frontales también impulsó cambios en la formulación de alimentos industrializados, con reducciones en algunos componentes críticos para evitar advertencias en los envases.
Desde la FAUBA remarcaron que el etiquetado frontal no reemplaza la educación alimentaria ni prohíbe el consumo de determinados productos. Aun así, consideran que eliminar la norma podría afectar el derecho de los consumidores a acceder a información simple y visible sobre lo que consumen. Para los especialistas, el principal valor del sistema es haber convertido la información nutricional en un dato accesible para toda la población y no solo para quienes saben interpretarla técnicamente.
