El ajuste en el INTA avanza y crece la preocupación en el agro
El proceso de reestructuración impulsado por el Gobierno nacional en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) continúa sumando capítulos y generando inquietud entre trabajadores, investigadores y referentes del sector productivo. Mientras avanza un plan de reducción de personal que ya provocó cientos de desvinculaciones, también se analiza la posibilidad de desprenderse de parte de las tierras que posee el organismo en distintos puntos del país.
La iniciativa forma parte de la estrategia de reorganización promovida por la administración de Javier Milei, que apunta a reducir costos y modificar la estructura de uno de los organismos más relevantes para la investigación y la extensión agropecuaria argentina.
Más de 750 bajas y una meta de 1.200 puestos menos
El ajuste del INTA comenzó a materializarse con la difusión de una segunda nómina de trabajadores habilitados para adherirse al régimen de retiros voluntarios. En total, ya son 757 los empleados que dejaron el organismo, entre técnicos, investigadores, profesionales y especialistas distribuidos en distintas regiones del país.
La última lista incluyó a 380 agentes y se sumó a una primera tanda de 377 desvinculaciones aprobadas previamente. Según trascendió desde el propio organismo, todavía quedaría una tercera nómina en evaluación, por lo que la cifra final podría incrementarse durante las próximas semanas.
Actualmente, el INTA cuenta con una planta cercana a los 5.750 trabajadores. El objetivo oficial sería alcanzar una reducción aproximada de 1.200 puestos, lo que representaría cerca del 20% de la dotación total. La magnitud de la medida encendió señales de alerta debido al alto nivel de especialización de gran parte de los profesionales involucrados.
Un organismo estratégico para el desarrollo productivo
La preocupación se explica por el papel que el INTA desempeña dentro del sistema agropecuario nacional. Durante décadas, el organismo se consolidó como una referencia en investigación, innovación y transferencia tecnológica, acompañando la evolución productiva de las distintas economías regionales y de los principales complejos agroindustriales.
Entre sus tareas se destacan la elaboración de informes climáticos y agrometeorológicos, el desarrollo de nuevas variedades vegetales, investigaciones vinculadas con la sanidad animal y vegetal, el manejo de plagas, la conservación de suelos y la incorporación de tecnologías de agricultura de precisión.
La discusión por las tierras del organismo
La reducción de personal no es el único punto que genera controversia. Paralelamente, el Gobierno analiza avanzar sobre parte del patrimonio inmobiliario del INTA, una decisión que abrió un nuevo frente de debate dentro del sector.
El organismo posee aproximadamente 101.500 hectáreas distribuidas en cerca de 100 predios ubicados en diferentes provincias. Estas superficies están destinadas a actividades de investigación, ensayos productivos, capacitación, conservación de recursos genéticos y transferencia tecnológica.
Desde el Gobierno sostienen que unas 54.000 hectáreas se encuentran actualmente en uso efectivo, mientras que alrededor de 47.500 presentarían distintos niveles de subutilización debido a problemas de infraestructura, accesibilidad o cuestiones relacionadas con la situación dominial de algunos inmuebles.
Bajo ese diagnóstico, se estudian mecanismos para vender o subastar parte de esos activos. Sin embargo, trabajadores, investigadores y representantes gremiales rechazan esa interpretación y aseguran que no existen campos improductivos dentro de la estructura institucional.
Modernización o desmantelamiento
El futuro del INTA se convirtió en uno de los debates más sensibles dentro del ámbito agropecuario. Desde la administración nacional afirman que la reestructuración busca modernizar la institución, optimizar recursos y mejorar la eficiencia del gasto público, mediante la revisión de programas de investigación y la reorganización de distintas unidades operativas.
En la vereda opuesta, trabajadores, ex directivos, organizaciones científicas y referentes productivos consideran que el ajuste podría afectar capacidades construidas durante casi siete décadas. La principal preocupación radica en la pérdida de recursos humanos altamente capacitados y en el debilitamiento del vínculo entre la investigación pública y los productores.
Mientras el plan continúa avanzando, el debate sigue abierto. Lo que está en discusión no es solamente el tamaño de la estructura del organismo, sino también el rol que el Estado pretende asignarle a una institución que ha sido clave en el desarrollo tecnológico y productivo del agro argentino.
