INTA: el Gobierno proyecta más de $101.000 millones para retiros voluntarios
El Gobierno nacional avanzó en la definición de un nuevo régimen de retiros voluntarios para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con un costo estimado de $101.717 millones. La iniciativa será tratada este jueves por el Consejo Directivo del organismo y forma parte del proceso de reconfiguración estructural que atraviesa la entidad.
El esquema prevé una adhesión cercana al 20% del personal, lo que representa unos 950 agentes sobre una planta total aproximada de 5750 empleados. La medida apunta a reducir la dotación y, al mismo tiempo, redefinir el funcionamiento del organismo frente a nuevas demandas tecnológicas y territoriales.
Cómo funcionará el régimen de retiros
La propuesta alcanza al personal de planta permanente con al menos tres años de antigüedad. El beneficio contempla el pago de una gratificación extraordinaria equivalente a 1,5 salarios por cada año trabajado, con topes diferenciados según la edad de los agentes.
Uno de los puntos centrales del plan es que el pago se realizará en una única cuota dentro de los 30 días posteriores al cese laboral, lo que busca agilizar la implementación del programa. Además, quienes adhieran quedarán desvinculados a partir del 15 de junio de 2026 y no podrán reingresar al sector público nacional durante un período de cinco años.
Desde el INTA también se aclaró que los trabajadores con hijos que accedan a beneficios de guardería o maternal mantendrán ese derecho hasta la finalización del ciclo lectivo en curso, lo que introduce un componente social dentro del esquema.
El costo fiscal y la ingeniería presupuestaria
Según los cálculos oficiales, si se alcanza el nivel de adhesión previsto, el costo total del programa ascenderá a $101.717.324.723,32, contemplando las actualizaciones salariales proyectadas hasta mayo de 2026. Dentro de ese monto, alrededor de $45.900 millones corresponderían específicamente al pago de las gratificaciones por egreso.
Para hacer frente a este gasto, la Gerencia de Presupuesto y Finanzas ya inició gestiones para ampliar las partidas del presupuesto 2026, en un contexto de restricciones fiscales y fuerte control del gasto público. La magnitud de la cifra refleja la dimensión del ajuste que se busca implementar en el INTA.
La polémica por el cálculo de la antigüedad
Uno de los puntos más cuestionados por los trabajadores es la decisión de no computar los años trabajados en Planta No Permanente (PNP) —incluida la Planta Transitoria— para el cálculo de la antigüedad. Esta definición impacta directamente en el monto final que percibirían los empleados y podría influir en el nivel de adhesión al programa.
El informe oficial también establece que no se contabilizarán períodos como becarios ni servicios previamente indemnizados, lo que reduce aún más la base de cálculo para muchos agentes. Esta situación generó preocupación en distintos sectores del organismo, donde consideran que el criterio podría resultar desfavorable en comparación con esquemas anteriores.
Versiones, incertidumbre y antecedentes
En medio del debate interno, surgieron versiones que indican que la Fundación ArgenINTA podría intervenir para compensar los años no reconocidos, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial sobre esta posibilidad. Fuentes cercanas al organismo señalaron que el tema aún no fue tratado formalmente.
Como antecedente, el último programa de retiros voluntarios implementado en el INTA, hace dos años, sí contempló la antigüedad total, incluyendo períodos no permanentes. Este contraste alimenta las críticas y agrega presión de cara a la reunión del Consejo Directivo, donde participan representantes del Estado, entidades agropecuarias y universidades.
Rechazo gremial y debate de fondo
Desde los gremios, la iniciativa fue duramente cuestionada. Consideran que el retiro voluntario “configura un despido encubierto” y advierten que forma parte de una estrategia para “desmantelar el INTA”. No obstante, reconocen que, en caso de avanzar, buscarán negociar condiciones más favorables para los trabajadores.
En paralelo, desde el entorno laboral remarcaron que la adhesión será voluntaria y que cada agente evaluará si le conviene o no sumarse al régimen, en función de las condiciones finales que se definan.
La discusión pone en evidencia un debate más amplio sobre el futuro del organismo: mientras el Gobierno apunta a una modernización y reducción de la estructura, los trabajadores alertan sobre el impacto que estas medidas podrían tener en el rol estratégico del INTA dentro del sistema científico y productivo argentino.
