El oficialismo impulsa una nueva ley de biocombustibles y ya aparecen apoyos y cuestionamientos
Un grupo de senadores del oficialismo avanzó en el Congreso con un nuevo proyecto de ley de biocombustibles impulsado por Patricia Bullrich, que propone modificar de manera profunda el esquema energético argentino. La iniciativa plantea reemplazar el régimen actual por un sistema “dinámico, eficiente, desregulado y libre”, mientras el Gobierno busca ampliar la participación privada y promover nuevas inversiones vinculadas a la transición energética.
El proyecto fue presentado la semana pasada en el Senado y contempla cambios sobre la producción, comercialización y mezcla de biocombustibles. Además de bioetanol y biodiésel, incorpora por primera vez al biometano y a los combustibles sostenibles de aviación (SAF), uno de los segmentos con mayor proyección internacional por las exigencias ambientales y de descarbonización del transporte aéreo.
La iniciativa establece una vigencia de 15 años para el nuevo régimen y habilita la creación de un mercado electrónico de comercialización de biocombustibles. También propone permitir la inyección de biometano en redes de gas natural.
Más mezcla obligatoria y autos flex
Uno de los cambios centrales del proyecto es el aumento de los cortes obligatorios de biocombustibles en combustibles fósiles. La propuesta eleva el biodiésel del 7,5% actual al 10% y el bioetanol del 12% al 15% dentro del plazo de un año desde la entrada en vigencia de la ley.
Además, el texto faculta al Poder Ejecutivo a modificar esos porcentajes por cuestiones técnicas o problemas de abastecimiento. En paralelo, la iniciativa incorpora el concepto de vehículos “flex fuel”, capaces de funcionar con distintas proporciones de combustibles líquidos y biocombustibles, siguiendo modelos que ya funcionan en países como Brasil.
La discusión entre petroleras, aceiteras y pymes
La propuesta también redefine categorías empresarias dentro del sector y diferencia entre compañías integradas y no integradas, en medio de una disputa histórica entre grandes aceiteras, petroleras y plantas pymes de biocombustibles. En los fundamentos del proyecto se sostiene que el esquema actual generó distorsiones que limitaron inversiones y redujeron la competencia.
En el Congreso ya existían otras iniciativas sobre biocombustibles impulsadas por legisladores de distintos espacios políticos y por provincias agrupadas en la Liga Bioenergética. Sin embargo, el nuevo proyecto oficialista avanza más decididamente hacia un esquema de liberalización del mercado, con mayor protagonismo de acuerdos entre privados.
Desde la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), la recepción inicial fue positiva, aunque aparecieron diferencias sobre el porcentaje de mezcla propuesto para el biodiésel. El presidente de la entidad, Luis Zubizarreta, sostuvo que el escenario internacional favorece actualmente a la industria y consideró importante avanzar hacia un esquema de libre competencia.
Los apoyos de la industria del etanol y el biodiésel
Zubizarreta afirmó que el proyecto tendría respaldo mayoritario dentro de la industria del etanol y el biodiésel, aunque consideró insuficiente el corte previsto para biodiésel. Según explicó, el porcentaje debería elevarse al 15% para permitir reemplazar importaciones de gasoil y aprovechar mejor la capacidad instalada del sector.
Desde la Cámara de Bioetanol, su presidente Patrick Adam señaló que la iniciativa promueve seguridad energética, energías más limpias y un mercado más competitivo. También destacó que el aumento del corte obligatorio de bioetanol al 15% permitirá desarrollar un mercado libre por encima de ese umbral.
Adam remarcó además que la incorporación de vehículos flex representa una modernización importante para la movilidad argentina, ya que esos modelos pueden funcionar incluso con mezclas cercanas al 100% de bioetanol.
Reparos sobre el esquema comercial y los beneficios fiscales
Las principales observaciones llegaron desde la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados. Su presidente, Axel Boerr, sostuvo que la propuesta podría cumplir sus objetivos, aunque advirtió que algunos aspectos centrales deberían modificarse durante el debate legislativo.
Entre los cuestionamientos, Boerr señaló que el esquema reduce la participación de empresas no integradas y mantiene ventajas para actores con mayor poder de mercado. También criticó el sistema de comercialización previsto, ya que considera que las petroleras seguirían conservando una posición dominante dentro de las negociaciones electrónicas contempladas por el proyecto.
El dirigente también cuestionó que el coprocesamiento compute dentro del corte obligatorio y advirtió sobre posibles beneficios fiscales para refinadores. Además, alertó sobre la discrecionalidad que conservaría la autoridad de aplicación para modificar los porcentajes de mezcla y sostuvo que el proyecto no establece sanciones automáticas ante incumplimientos de entrega o retiro de combustibles.
