FADEEAC pidió frenar un peaje municipal que encarece el transporte
La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) reclamó al Gobierno nacional que intervenga para suspender un esquema de cobros implementado en Ramallo, provincia de Buenos Aires, que la entidad calificó como un “peaje municipal encubierto”. El sistema contempla cargos de hasta $37.000 por pesaje, otros $25.000 por vehículo y una sobretasa del 2% sobre el combustible.
Un corredor clave para el transporte pesado
El conflicto se concentra sobre el ex Camino Provincial Ruta 87, un tramo de 5,1 kilómetros que conecta la Ruta Nacional 9 con el parque industrial y el Puerto de San Nicolás. Allí fueron instalados dos pórticos tecnológicos, cuya operación fue adjudicada por el Municipio de Ramallo a la empresa Plus Byte S.R.L., mediante la Licitación Pública 3/25.
A través de una presentación administrativa ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, FADEEAC solicitó que se suspenda el mecanismo. Según la normativa municipal, se pueden cobrar hasta $37.000 por cada control dinámico de pesaje y $25.000 adicionales para ingresar a predios industriales o playas de estacionamiento mediante un dispositivo electrónico TAG. Para la Federación, el costo por kilómetro sería 120% superior al del peaje del Puente Zárate-Brazo Largo.
El esquema de peaje se suma a otra carga que impacta sobre las empresas de transporte. Desde enero, el municipio aplica una tasa del 2% sobre cada litro de combustible vendido en las estaciones de servicio del distrito. FADEEAC advirtió que la combinación de ambos mecanismos puede elevar los costos logísticos y afectar el traslado de mercaderías hacia establecimientos industriales y portuarios.
FADEEAC cuestionó el esquema tributario
El presidente de la entidad, Cristian Sanz, cuestionó la medida y advirtió sobre sus posibles consecuencias si este tipo de mecanismos se extiende a otros municipios. “No podemos permitir que se reinstalen aduanas interiores disfrazadas de tasas de mantenimiento”, afirmó. Según su planteo, una proliferación de barreras locales podría reducir los márgenes de los transportistas y generar mayores costos para el comercio interno y las exportaciones.
En su presentación, FADEEAC sostuvo que el peaje podría configurar una doble imposición tributaria y entrar en conflicto con la Ley de Coparticipación Federal 23.548 y la Ley Nacional de Combustibles 23.966. La entidad cuestionó además que no existiría una contraprestación directa y específica vinculada con los recursos cobrados a los usuarios del corredor.
La Federación también puso el foco en el destino de la recaudación con el nuevo peaje. Los fondos ingresarían a las arcas municipales y posteriormente serían distribuidos en partes iguales entre el municipio y la empresa concesionaria. Frente a este escenario, solicitó que el Ministerio de Economía impulse ante la Justicia una medida cautelar para suspender el mecanismo, en línea con acciones promovidas por el Estado nacional frente a otros municipios bonaerenses.
Empresas calculan un fuerte impacto
La concesión tiene una duración de 20 años e incluye tareas de mantenimiento, bacheo, iluminación y demarcación del corredor. Sin embargo, FADEEAC cuestionó la relación entre los servicios previstos y los ingresos proyectados, al considerar que estos últimos superarían ampliamente los costos necesarios para conservar la infraestructura.
La preocupación por el nuevo peaje también fue planteada por más de un centenar de transportistas e industrias dadoras de carga, que enviaron una carta a FADEEAC y a la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Las empresas señalaron que el corredor constituye el único habilitado para el tránsito pesado hacia los complejos industriales y la terminal portuaria de San Nicolás.
Según las estimaciones empresariales, cada compañía podría afrontar un costo anual de entre $100 millones y $500 millones. A esto se suma la inquietud por eventuales multas o decomisos de mercadería para quienes no adhieran al nuevo peaje. “El verdadero riesgo no es solo este gravamen local, sino el precedente de habilitar una red de barreras económicas municipales superpuestas”, señalaron las firmas. Por ese motivo, FADEEAC reclamó la suspensión inmediata del mecanismo y la derogación de la ordenanza.
