Río Negro busca convertir una plaga en alimento con la venta legal de carne de jabalí
El crecimiento descontrolado del jabalí en distintas regiones de la Argentina volvió a instalar el debate sobre cómo enfrentar una de las especies invasoras de mayor impacto ambiental y productivo. En ese contexto, Río Negro prepara un proyecto de ley para habilitar la comercialización formal de carne de jabalí y ciervo, con el objetivo de transformar parte del control poblacional en una actividad regulada, segura y con potencial económico.
La iniciativa será enviada durante agosto a la Legislatura provincial y propone incorporar estas carnes a un circuito comercial legal bajo estrictos controles sanitarios y de trazabilidad. El propósito no es fomentar la cría de estas especies, sino aprovechar animales obtenidos mediante actividades de control y caza autorizada, convirtiendo un problema creciente en una nueva alternativa de aprovechamiento alimentario.
Una respuesta a una especie invasora que no deja de expandirse
El avance del jabalí genera desde hace años preocupación entre productores, organismos ambientales y especialistas en fauna silvestre. Los daños sobre cultivos, pasturas, montes nativos y fauna autóctona, además del riesgo sanitario que representa para la producción ganadera, convierten a esta especie en uno de los principales desafíos para varias provincias argentinas.
Frente a ese escenario, el Gobierno de Río Negro decidió avanzar con una modificación de la Ley Provincial de Carnes para permitir el procesamiento y la comercialización de carne de jabalí y ciervo bajo un marco regulatorio específico, adaptado a las características de estas especies silvestres.
El secretario de Ganadería de la provincia, Norberto Tabaré Bassi, explicó que la propuesta busca adecuar la normativa vigente sin exigir la infraestructura propia de los grandes frigoríficos, aunque manteniendo todos los estándares de inocuidad y seguridad alimentaria que exige la legislación sanitaria.
La seguridad alimentaria, uno de los ejes del proyecto
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa será garantizar que toda la carne destinada al consumo cumpla con los controles bromatológicos correspondientes. Cada jabalí deberá someterse obligatoriamente al análisis para detectar triquinosis, el mismo procedimiento que actualmente se aplica a los cerdos domésticos.
Solo los animales que superen esos controles podrán ingresar al circuito comercial, con sistemas de trazabilidad que permitan conocer su origen y asegurar la calidad del producto ofrecido al consumidor.
El proyecto también contempla la comercialización de carne de ciervo y deja abierta la posibilidad de incorporar, en el futuro, al guanaco. Sin embargo, esa alternativa solo será considerada si estudios científicos confirman que su aprovechamiento no compromete la conservación de la especie, remarcaron desde el gobierno provincial.
Infraestructura para desarrollar una nueva cadena de valor
Como parte del plan, Río Negro ya puso en funcionamiento una sala de faena en Río Colorado, mientras proyecta la construcción de nuevas instalaciones en el Valle Inferior y en Bariloche para procesar animales provenientes tanto de la caza deportiva como de operativos de control poblacional.
Desde el Ejecutivo provincial insisten en que la erradicación total del jabalí resulta prácticamente imposible, debido a la expansión alcanzada por la especie y a su elevada capacidad reproductiva. Por ese motivo, consideran que desarrollar una cadena formal de aprovechamiento puede convertirse en una herramienta complementaria para reducir su impacto.
Además del beneficio ambiental, la iniciativa podría generar nuevas oportunidades económicas vinculadas al procesamiento, comercialización y agregado de valor de estas carnes, abriendo un mercado que hoy permanece prácticamente informal.
Un debate que crece en todo el país
La propuesta rionegrina surge pocos días después de que especialistas advirtieran sobre la magnitud del problema que representa el jabalí en la Argentina.
En ese contexto, el proyecto impulsado por Río Negro incorpora una alternativa que desde hace años promueven distintos especialistas: transformar parte del control poblacional en una cadena formal de aprovechamiento alimentario, bajo regulación estatal, controles sanitarios estrictos y trazabilidad.
