Acuerdo por el practicaje: se levanta el paro y los puertos vuelven a operar
El Gobierno nacional y los representantes del sector del practicaje alcanzaron un acuerdo que permitió destrabar el conflicto que mantenía paralizados los principales puertos del país y afectaba a más de 185 buques. El entendimiento contempla la suspensión de la aplicación del decreto que desregulaba la actividad, una reducción del 20% en las tarifas del servicio y la creación de una mesa de trabajo para revisar el nuevo esquema regulatorio.
La resolución pone fin, al menos de manera transitoria, a una de las mayores interrupciones de la logística portuaria de los últimos años. Con la reanudación inmediata de las tareas de practicaje y pilotaje, se espera que durante las próximas horas comience a normalizarse la circulación de embarcaciones en los principales puertos comerciales, especialmente en el complejo agroexportador del Gran Rosario.
El acuerdo permitió reactivar una actividad clave
El anuncio fue realizado por el Gobierno nacional mediante un comunicado oficial, en el que confirmó que los prácticos retomarán sus funciones de manera inmediata mientras continúan las negociaciones para alcanzar una solución definitiva.
El punto central del entendimiento fue la decisión de suspender la aplicación del Decreto 690/2026, norma que había impulsado el presidente Javier Milei junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con el objetivo de introducir mayor competencia en el servicio de practicaje.
Además, el acuerdo establece una reducción del 20% en las tarifas que cobran los profesionales del sector y la conformación de una mesa de trabajo integrada por representantes del Ejecutivo, áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes, que analizará los distintos aspectos de la reforma.
Un conflicto que paralizó las exportaciones
La crisis comenzó el pasado 1° de agosto, cuando entró en vigencia el decreto que modificó el régimen del practicaje y pilotaje vigente desde 1991. La norma proponía crear un registro abierto de profesionales bajo la órbita de la Prefectura Naval Argentina, habilitar la libre elección de prestadores por parte de los usuarios y permitir el ingreso de nuevos operadores al mercado, además de otorgar a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) la facultad de fijar tarifas máximas y exigir la publicación de precios para fomentar la competencia.
La reacción del sector derivó en una virtual paralización de los servicios. Como consecuencia, más de 185 buques quedaron demorados en distintos puertos del país, con fuerte impacto sobre las exportaciones agroindustriales y otras actividades vinculadas al comercio exterior.
Solo durante este martes se sumaron otros 45 barcos al polo agroexportador del Gran Rosario, que se agregaron a los cerca de 140 que ya aguardaban la asistencia para ingresar o zarpar.
El agro advirtió sobre pérdidas millonarias
Desde el inicio del conflicto en los puertos, las entidades exportadoras alertaron sobre el elevado costo económico de la paralización. El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, había advertido que cada jornada de demora implicaba importantes sobrecostos para los exportadores, además del riesgo de afectar la imagen de la Argentina como proveedor confiable de alimentos.
El dirigente comparó la situación con “un taxi que sigue corriendo sin moverse” y sostuvo que la prolongación del conflicto en los puertos podía favorecer a competidores internacionales como Brasil, al poner en duda la capacidad argentina para cumplir los contratos de exportación en tiempo y forma.
También hubo impacto sobre el abastecimiento energético
Las consecuencias de la paralización trascendieron al sector agroexportador. La Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que numerosas operaciones vinculadas con combustibles y petróleo también quedaron interrumpidas en puertos ubicados en Campana, Dock Sud, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova.
Además, las empresas del sector advirtieron que la continuidad del conflicto podía comprometer el abastecimiento de combustibles en gran parte de la Patagonia, debido a las dificultades para transportar productos refinados desde Campana, Dock Sud, La Plata y Bahía Blanca hacia Comodoro Rivadavia.
Con el entendimiento alcanzado, los servicios de practicaje volverán a prestarse de inmediato, mientras el Gobierno y el sector privado intentarán consensuar una reforma definitiva que combine una reducción de costos con garantías para la seguridad de la navegación en los puertos y el funcionamiento del comercio exterior argentino.
