VISEC: CRA endurece su postura y advierte que podría acudir a Defensa de la Competencia
La discusión por la implementación de la plataforma VISEC para cumplir con el reglamento europeo contra la deforestación sumó un nuevo capítulo. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) ratificó su rechazo a que los frigoríficos exportadores condicionen la compra de hacienda a la inscripción de los productores en ese sistema y advirtió que no descarta recurrir a Defensa de la Competencia si considera que existe un uso de la posición de mercado para imponer condiciones comerciales.
La controversia se concentra en la exigencia de utilizar una plataforma privada para acreditar la trazabilidad y el cumplimiento de los requisitos ambientales que establece la Unión Europea. CRA sostiene que no se opone al VISEC como herramienta, sino a que su adhesión se convierta en una condición obligatoria para acceder al mercado exportador. La entidad reclama que existan alternativas de validación y que el productor no quede sujeto a un único sistema.
El conflicto también dejó expuestas diferencias dentro de la Mesa de Enlace, particularmente con la Sociedad Rural Argentina (SRA). Aunque las entidades compartieron actividades durante la Fiesta Nacional del Arroz, en Entre Ríos, las posiciones sobre el VISEC mantienen una distancia que ya se manifestó públicamente.
La advertencia sobre una posible cartelización
El secretario de CRA, Adrián Luna Vázquez, desarrolló los argumentos de la entidad en una columna titulada “VISEC: El productor no puede seguir pagando las decisiones de otros”. Allí cuestionó que los frigoríficos exportadores impulsen la utilización obligatoria de una plataforma privada y planteó interrogantes sobre la concentración de información comercial.
El dirigente advirtió que la centralización de los datos de los productores podría facilitar eventuales prácticas de cartelización de precios en el mercado de la carne. En ese marco, dejó abierta la posibilidad de solicitar la intervención de Defensa de la Competencia para analizar el comportamiento de los operadores involucrados.
CRA también cuestionó que una decisión comercial termine otorgándole a una asociación privada facultades para determinar quién puede vender y bajo qué condiciones. Según la entidad, cumplir con las exigencias europeas es una cuestión diferente de aceptar que una plataforma como VISEC se convierta en árbitro de la actividad.
El cuestionamiento al marco institucional
En su documento, CRA cuestionó el Reglamento europeo 2023/1115, al considerar que establece una barrera paraarancelaria que perjudica a la producción argentina. La organización recordó que las provincias tienen el dominio originario de sus recursos naturales, reconocido por el artículo 124 de la Constitución Nacional, y atribuciones para ordenar los bosques nativos mediante la Ley 26.331.
Desde esa perspectiva, la validación de la legalidad de los establecimientos y de los cambios de uso del suelo debería reconocer las competencias de las autoridades provinciales. La entidad sostuvo que el propio reglamento europeo contempla evaluaciones de riesgo por países o partes de ellos, por lo que considera posible utilizar registros y certificaciones oficiales argentinas.
Otro de los puntos observados fue el acuerdo entre VISEC y UATRE para emitir constancias de legalidad laboral. CRA argumentó que la fiscalización del cumplimiento de las normas de trabajo corresponde a las autoridades administrativas competentes y que las organizaciones sindicales no tienen facultades de policía para reemplazarlas.
El reclamo por una alternativa pública
La entidad también apuntó contra el papel del Estado nacional. Recordó que, en otros procesos de certificación necesarios para acceder a mercados internacionales, como los protocolos sanitarios y las cuotas Hilton y 481, la validación estuvo a cargo de organismos públicos.
En ese sentido, CRA propone desarrollar herramientas públicas de validación junto con Nación y las provincias, reconocer los registros oficiales y permitir el funcionamiento de plataformas interoperables, sin exclusividades.
La organización considera que negar la adhesión a una plataforma no debería impedir la comercialización de hacienda, especialmente cuando existen mecanismos alternativos para acreditar los requisitos ambientales.
El planteo de CRA apunta, en definitiva, a evitar que la exigencia ambiental europea se transforme en una herramienta de subordinación comercial dentro de la cadena cárnica. Mientras continúa la discusión con los frigoríficos exportadores y persisten las diferencias institucionales, la posibilidad de acudir a Defensa de la Competencia agrega un nuevo frente al conflicto por el VISEC.
