Diputados dio media sanción al Súper RIGI, que apuesta a transformar la matriz productiva
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, más conocido como Súper RIGI, una iniciativa impulsada por el Gobierno para atraer desembolsos de gran magnitud en sectores tecnológicos y actividades industriales emergentes. El texto fue aprobado con el respaldo del oficialismo y bloques aliados y ahora deberá ser debatido en el Senado.
La propuesta surge como una ampliación del régimen vigente, aunque con diferencias sustanciales. Mientras el actual RIGI está enfocado en actividades tradicionales como minería, petróleo, gas, energía e infraestructura, el nuevo esquema busca canalizar inversiones hacia las denominadas “industrias del futuro”, con la intención de impulsar una transformación estructural de la economía argentina.
Sectores estratégicos y proyectos de gran escala
El Súper RIGI está diseñado para captar emprendimientos vinculados con la inteligencia artificial, los data centers, la fabricación de baterías de litio, los semiconductores y las energías renovables. También contempla proyectos relacionados con biotecnología avanzada, refinado de cobre y desarrollos asociados a la cadena de valor del uranio.
Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa apunta a promover actividades que todavía no tienen una escala comercial significativa en el país. La intención es que Argentina avance hacia procesos de industrialización más complejos y genere mayor valor agregado a partir de recursos estratégicos que hoy, en muchos casos, se exportan sin procesamiento.
A diferencia del régimen actual, que establece requisitos variables según cada sector, el Súper RIGI fija un piso único de inversión de US$1.000 millones por proyecto. Además, las empresas deberán comprometer la ejecución de al menos el 20% de ese monto durante los primeros dos años desde su adhesión al programa.
Menos impuestos y más incentivos
Uno de los aspectos centrales del Súper RIGI es la ampliación de los beneficios fiscales para quienes decidan invertir bajo este régimen. La modificación más relevante es la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, que pasará del 25% previsto en el RIGI tradicional a un 15%, uno de los niveles más bajos contemplados para grandes inversiones.
El texto también incorpora un esquema de amortización acelerada que permite computar el 60% de la inversión durante el primer año y el 20% en cada uno de los dos siguientes. Según los impulsores del Súper RIGI, esta herramienta busca mejorar la rentabilidad de proyectos que demandan fuertes desembolsos iniciales.
A su vez, se habilita la deducción de quebrantos sin límite temporal y la posibilidad de transferirlos a terceros después de cinco años. El régimen también reduce la carga impositiva sobre dividendos y utilidades distribuidas, con el objetivo de mejorar el atractivo para los inversores internacionales.
Beneficios aduaneros y alivio tributario local
El proyecto establece arancel cero para las importaciones vinculadas a los procesos productivos y elimina completamente las retenciones sobre las exportaciones realizadas por los emprendimientos adheridos. Para el Ejecutivo, estas medidas aportan previsibilidad y reducen costos operativos en actividades altamente competitivas a nivel global.
En materia de IVA, se mantienen los Certificados de Crédito Fiscal para inversiones y se incorpora la posibilidad de transferir los saldos cuando los reintegros superen determinados plazos. El Súper RIGI también contempla beneficios relacionados con el impuesto a los débitos y créditos bancarios.
Otro punto destacado es el tratamiento de los tributos provinciales y municipales. El proyecto fija un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las jurisdicciones adheridas y prohíbe la aplicación de tasas municipales calculadas sobre ventas, una demanda histórica de grandes compañías que buscan previsibilidad en sus costos.
La principal diferencia con el RIGI vigente
Uno de los cambios más debatidos durante el tratamiento parlamentario está relacionado con la participación de proveedores nacionales. El régimen actual exige que al menos el 20% de las inversiones en bienes y obras se canalicen a través de empresas locales cuando exista una oferta competitiva.
El Súper RIGI elimina esa obligación y establece que no podrán imponerse requisitos de compra local en condiciones menos favorables que las del mercado. Esta modificación despertó cuestionamientos de sectores industriales y de algunas provincias, que temen una menor participación de empresas argentinas en los grandes proyectos.
