El Gobierno descentraliza rutas: provincias podrán concesionar peajes para obras viales
El Gobierno nacional oficializó un cambio relevante en la gestión de la red vial al delegar en nueve provincias la posibilidad de concesionar tramos de rutas nacionales bajo el sistema de peaje. La decisión quedó plasmada en el Decreto 253/2026 y apunta a acelerar obras de reparación, mantenimiento y ampliación. Se trata de una estrategia orientada a mejorar la competitividad logística en un país donde el transporte terrestre resulta central para la economía.
La iniciativa responde a un reclamo histórico de distintos sectores productivos, en especial del agro, que ha insistido en la necesidad de contar con rutas en mejores condiciones. La infraestructura vial deficiente impacta directamente en los costos y tiempos de traslado de la producción, especialmente en momentos clave como la cosecha.
Provincias con mayor protagonismo
A partir de la nueva normativa, las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz tendrán injerencia directa en la gestión de tramos de rutas nacionales dentro de sus territorios.
El artículo 1 del decreto establece que podrán otorgar concesiones de obra pública por peaje a empresas privadas, mixtas o entes públicos. Esto incluye la administración, reparación, ampliación y mantenimiento de los corredores viales, lo que abre la puerta a un esquema más dinámico de ejecución de obras.
Para avanzar con los proyectos, los gobiernos provinciales deberán firmar convenios con la Dirección Nacional de Vialidad, que será la encargada de evaluar la viabilidad técnica y económica de cada iniciativa. El control nacional se mantiene, pero con una mayor participación operativa de las provincias.
Rutas estratégicas y logística agropecuaria
Entre los corredores incluidos en el plan se encuentra la ruta A012, clave para el acceso a los puertos del Gran Rosario. En ese sentido, Santa Fe fue una de las jurisdicciones que impulsó con mayor énfasis esta medida. El objetivo es optimizar la logística en uno de los principales nodos exportadores del país.
Además, se evalúa la implementación de un sistema de peaje único para el ingreso a los puertos, lo que podría simplificar el tránsito de camiones durante los picos de cosecha. La medida busca reducir demoras, ordenar la circulación y mejorar la eficiencia en el traslado de granos.
El impacto potencial es significativo. En Argentina, una gran parte de la producción agropecuaria depende del transporte por camión, lo que hace que el estado de las rutas sea un factor determinante en la competitividad. Mejorar la infraestructura puede traducirse en menores costos logísticos y mayor previsibilidad para los productores.
Autonomía con límites claros
Si bien el decreto otorga mayor autonomía a las provincias, también establece límites precisos. En primer lugar, aclara que la delegación no implica la cesión del dominio público ni la transferencia de la jurisdicción federal. Las rutas seguirán siendo propiedad del Estado nacional, que conserva la titularidad sobre los tramos concesionados.
Este punto busca evitar conflictos legales y garantizar la coherencia del sistema vial a nivel país. Al mismo tiempo, establece un marco claro para la participación provincial, delimitando responsabilidades y competencias.
Otro aspecto central de la normativa es el destino de los recursos generados por los peajes. El decreto establece que los fondos obtenidos deberán ser utilizados exclusivamente en el tramo concesionado. No podrán destinarse a otras obras, incluso si están relacionadas desde el punto de vista técnico o geográfico.
Un cambio de modelo en la gestión vial
La decisión del Gobierno marca un giro en la forma de administrar la infraestructura de las rutas argentinas. El modelo apuesta a una mayor descentralización operativa, con provincias que asumen un rol más activo en la ejecución de obras.
Al mismo tiempo, se mantiene un esquema de control nacional que busca garantizar la viabilidad y coherencia de los proyectos. Este equilibrio entre descentralización y supervisión será clave para el éxito de la iniciativa. En un contexto donde la logística es determinante para la competitividad, la medida abre una nueva etapa para el desarrollo de la red vial argentina.
